Cuando un Estado compromete sus estrategias con objeto de ajustarse a las demandas internacionales y someterse al escrutinio de los pares en una materia determinada, es apenas comprensible que genere dificultades adecuarse a instancias y estándares de alto nivel. Sin embargo, una vez asumido el compromiso, resulta apenas lógico que se trabaje en lograr correspondencia con esa realidad.

El Gobierno colombiano decidió llevar al país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en procura de lograr un mejor funcionamiento del Estado y trazar la ruta de políticas y estándares de calidad para la administración pública. Con eso en mente, puede analizarse si efectivamente se está haciendo algo para ser correspondientes con la inserción en una organización como la que se citó.

El dicho popular reza que, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Y tal vez aplique para lo que viene sucediendo con el caso colombiano al interior de la Ocde (sin ser el único de un país que no se corresponde con los estándares de la Organización). El arduo proceso desplegado por más de cinco años para lograr la aprobación de la adhesión parece haberse quedado en simples anécdotas, pues el neurálgico tema de la corrupción sigue haciendo de las suyas.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación señaló que la cifra de apertura de procesos por corrupción en el último lustro, que incluye ya tres años en los que el país afinó sus compromisos ante la Ocde para trabajar en los temas de transparencia, supera los veintiún mil. Pero el dato más crítico no es ese, sino encontrarse con que, de esos procesos, apenas un poco más de cinco mil han llegado a una decisión condenatoria, es decir que solo 25% de las investigaciones llega a feliz término. De cualquier manera, la radiografía del tema en el país sugiere -de acuerdo con la Fiscalía- que, con tres condenas diarias por corrupción, los entes más afectados son las gobernaciones y alcaldías. Pero no se quedan por fuera otras instituciones, en las que particularmente están involucradas también las que hacen parte de la rama judicial.

Aunque el Decreto 830 emitido a mediados de este año pudo ayudar a que el tema de la corrupción se controlara, todo indica que se está lejos de tal situación. Dicha disposición, impulsada desde la Vicepresidencia de la República, procuró que el país contara con controles del riesgo de lavado de activos más eficaces, a la vez que aspiró tener la capacidad de identificar posibles financiadores del terrorismo y quiso situar a Colombia a la vanguardia de los compromisos internacionales. No obstante, hay una cruda realidad que ilustra que no se ha logrado un cambio significativo.

El sonado caso de contratación del Ministerio de las TIC en el que se hizo un millonario anticipo, aparece ahora como la punta del iceberg, en un escenario en el que más y más casos de corrupción se conocen, no solo relacionados con ese ministerio y sus contratos, sino con otras carteras e instituciones. Ahora se empieza a hacer referencia, por ejemplo, a un probable “cartel de los embargos”, que afectaría directamente al aporreado sector salud. Todo apunta a que se están presentando, de manera sistemática, unas demandas de alto monto identificadas para terminar en despachos judiciales seleccionados previamente de manera fraudulenta. Señala una denuncia del presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, que incluso se pretende embargar cuentas inembargables, y se está apuntando a quedarse con “recursos intocables” que han sido aprobados a la prestación de servicios de salud en el país, directamente destinados a las EPS.

En conclusión, a Colombia no le está siendo útil su membresía en la Ocde, que de entrada se percibía como la posibilidad de un país más transparente en el manejo de los recursos públicos y sus políticas. Ese negativo asunto sigue presente en el día a día de la realidad nacional.