Cambiar el comportamiento internacional de un Estado no constituye, por sí mismo, un desacierto. Cada gobierno puede revisar las prioridades de su antecesor y establecer nuevos rumbos. El problema surge cuando las decisiones comprometen intereses a largo plazo sin evaluar sus costos y beneficios. En política internacional, la afinidad ideológica no sustituye las estrategias.

El gobierno Petro tuvo contradicciones. Las tensiones con Washington y la ruptura de relaciones con Israel en 2024 generaron costos diplomáticos y limitaron los canales de cooperación. Sin embargo, también impulsó la diversificación de las relaciones exteriores y la inserción en nuevos espacios económicos. De acuerdo con el Mincit, en 2025 las exportaciones colombianas de bienes no minero-energéticos alcanzaron US$26.388,9 millones, lo que representó 52,6% del total exportado. Esta evolución no demuestra por sí sola el éxito de una política gubernamental, pero constituye un resultado relevante para evaluar la diversificación productiva y comercial.

El restablecimiento de relaciones con Israel, puesto en marcha por el actual gobierno, pudo responder a intereses legítimos en materia de seguridad, comercio y transferencia tecnológica. El interrogante es por qué se acompañó de otras decisiones. Colombia reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado, pese a que la Resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad de la ONU declaró nula y sin efectos jurídicos internacionales la decisión de Israel de extender allí su legislación. Además, el 14 de octubre inauguró su embajada en Jerusalén y, al día siguiente, anunció su retiro del Grupo de La Haya.

Las consecuencias diplomáticas son claras. Muchos gobiernos condenaron la apertura de esa embajada. Esto no demuestra pérdidas económicas ni permite concluir que Colombia haya quedado aislada, pero sí evidencia un costo diplomático que merece ser ponderado frente a los beneficios anunciados. Como han señalado diversos analistas, recuperar la cooperación con Israel no implicaba necesariamente adoptar esa postura.

El retiro de la intervención colombiana ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel también modifica la actuación exterior del país. La Cancillería precisó que esta decisión no altera las obligaciones de Colombia como Estado parte de la Convención contra el Genocidio. La pregunta pertinente es: ¿qué ventajas estratégicas justifican abandonar esa iniciativa jurídica y qué efectos puede tener sobre la capacidad de incidencia internacional de Colombia?

La relación con Washington plantea otro desafío. Fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y tecnología es comprensible, en tanto ese mercado recibió 31,7% de las exportaciones colombianas no minero-energéticas. Pero la importancia del vínculo también exige negociar con capacidad propia. Del mismo modo, revisar los acuerdos con China puede ser pertinente; hacerlo sin evaluar de manera transparente sus efectos económicos y estratégicos podría reducir las alternativas antes de conocer sus costos.

Colombia necesita relaciones sólidas, no alineamientos automáticos. La autonomía no consiste en distanciarse de una potencia para acercarse incondicionalmente a otra, sino en conservar la capacidad de decidir conforme a los intereses nacionales. El desacierto no está en cambiar de rumbo, sino en asumir costos diplomáticos sin demostrar que los beneficios estratégicos los compensan. Un comportamiento internacional responsable debe ampliar las opciones de Colombia, fortalecer su capacidad de negociación y preservar su influencia más allá de la duración de cualquier gobierno.