La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació para evitar la repetición de una guerra a escala planetaria, no para gobernar la complejidad del siglo XXI. Esa distancia fundacional explica buena parte de su parálisis contemporánea, puesta de manifiesto durante este mes, a propósito de la 81ª Asamblea General (AG).

El Consejo de Seguridad (CS) -su órgano más poderoso y, paradójicamente, el más anacrónico- sigue reflejando la correlación de fuerzas de 1945. Son cinco vencedores con derecho de veto (USA, U.K., Francia, China y Rusia), ninguno de África, ninguno de América Latina, ninguno que represente a India o a la Unión Europea como bloque. Cuando el conflicto es “duro” (Ucrania, Gaza, Siria en su momento), el veto convierte al Consejo en un escenario de bloqueo mutuo, no de solución.

Los críticos de esta arquitectura no son pocos ni marginales. Morgenthau (1948), advertía que ningún organismo internacional puede superar la lógica del poder si no la incorpora en su diseño. Claude (1956) documentó cómo la ONU nació dividida entre función “colectiva-coercitiva” y función “de foro”, sin resolver nunca dicha tensión.

Más recientemente, Hurd (2007) ha mostrado que el CS legitima selectivamente el uso de la fuerza, según los intereses de las potencias. Mahbubani (2013) ha insistido en que un Consejo en el que Asia, con más de la mitad de la humanidad, tiene un solo puesto permanente y en el que India, África y América Latina quedan excluidas perdió representatividad hace décadas. Y Weiss (2018) plantea un diagnóstico que bien podría describirse como el de un “multilateralismo zombi”, que está vivo en apariencia, pero muerto en su capacidad de acción donde más se necesita.

Pero sería injusto quedarse solo en la denuncia. El sistema de agencias especializadas funciona. La OMS coordinando respuestas sanitarias, el Acnur gestionando desplazamientos masivos, el Pnud financiando el desarrollo. Ahí, la ONU opera con eficacia técnica. Lo contradictorio es que cuanto más técnico es el asunto, mejor funciona el sistema; pero cuanto más toca los intereses vitales de las grandes potencias, más se paraliza.

Los propios Estados ilustran esta paradoja. Los cinco miembros permanentes del CS han utilizado el veto de manera cada vez más instrumental, compitiendo entre sí. A esto se suma el retiro selectivo de la financiación. Estados Unidos ha suspendido aportes a la OMS y a la Unrwa en distintos momentos, debilitando las agencias que sí funcionan.

Como reacción a esto, Francia y México lideran desde 2015 una iniciativa para que los cinco permanentes se autolimiten y no usen el veto ante atrocidades masivas, hoy respaldada por más de cien Estados. El grupo ACT (Accountability, Coherence and Transparency), impulsado por Liechtenstein y los países nórdicos, presiona por una mayor transparencia en el Consejo. Y la candidatura conjunta de la Unión Africana a un puesto permanente, junto con las aspiraciones de India, Brasil y Sudáfrica, muestra que la demanda de representatividad cuenta con una arquitectura política.

La pregunta no es si desechar el sistema, sino si es posible democratizarlo sin destruir lo que funciona. Una vía razonable podría ser la ampliación del CS con miembros permanentes regionales rotativos, sin veto individual, sino con un “veto calificado” que exija el acuerdo de al menos dos potencias del bloque original; trasladar a la AG competencias de emergencia cuando el CS esté bloqueado, ampliando el precedente de “Unidos por la Paz”; y blindar presupuestalmente a las agencias técnicas frente a su politización.

Reformar la ONU no es abandonar el proyecto de 1945; es, por fin, terminar de escribirlo con los actores que hoy configuran el poder global.