Así, con el título de esta columna, se formalizó la renovación de un acuerdo en el que diversas empresas, asociaciones gremiales y la agencia de cooperación estadounidense para el desarrollo internacional (USAID), ofrecerán oportunidades de inserción laboral a los miles de migrantes venezolanos que ahora se encuentran regularizados en Colombia y que anhelan obtener un trabajo formal que les permita satisfacer sus necesidades más elementales.

En la gran pizarra en que se simbolizó la firma del compromiso, se pudo leer que “las organizaciones signatarias del Pacto por las Oportunidades sin Fronteras, reconocemos que la migración es una gran oportunidad para el país y ratificamos nuestro compromiso con la integración de la población migrante de Venezuela, colombianos retornados y comunidades de acogida en Colombia. Como sector privado, las organizaciones signatarias nos comprometemos a ser multiplicadores de oportunidades de empleo y emprendimiento, contribuyendo a vincular las comunidades migrantes y de acogida con la economía formal y lícita; promoviendo de esta manera la cohesión social y el desarrollo económico del país”.

El propósito del enunciado encuentra concordancia con la línea trazada hace poco menos de un año, cuando el entonces presidente Iván Duque determinó, a través del Decreto 216 del primero de marzo de 2021, implementar un lineamiento de política exterior favorable a un significativo grupo poblacional foráneo que optó por llegar a Colombia en busca de las oportunidades que su gobierno ha desconocido por años. Así, es plausible que diversos sectores y actores de la sociedad colombiana hayan determinado apoyar esa decisión del anterior gobierno, prolongando el acompañamiento a los migrantes llegados del vecino país que tramitaron su regularización.

En términos de la estrategia planificada, se ha mencionado que el Pacto por las Oportunidades sin Fronteras se enfocará en la generación de espacios útiles al incremento de las capacidades de la población migrante, retornada y de acogida en el país, para acceder a diversos servicios financieros y bancarización en general, que les permita vinculación a medios formales, además de recibir asistencia técnica para tomar decisiones en favor de nuevas opciones de negocio y empleo.

La directora de USAID en el país, Anupama Rajamaran, precisó ante los periodistas presentes en el lanzamiento del pacto, que se trata de “un programa que ofrece oportunidades e inclusión socioeconómica”. De acuerdo con ella, desde el comienzo del movimiento migratorio venezolano, USAID enfocó la mayoría de sus esfuerzos “en la ayuda humanitaria, [que] por supuesto era una respuesta necesaria, pero en ese momento estábamos convencidos que el reto de la regularización se convertiría en una oportunidad”. Sin embargo, debe precisarse que no se trató de un lanzamiento novedoso del programa, sino de una renovación o ampliación de algo que ya había comenzado desde 2019, con epicentro en Barranquilla.

Hace cuatro años, a raíz del exceso de población migrante llegada de Venezuela a esa ciudad del Caribe colombiano, ya se había implementado el programa de Oportunidades sin Fronteras, bajo el auspicio y apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). De tal manera que ahora se está ante un segundo capítulo de aplicación del mismo. La diferencia entre lo sucedido en 2019 y lo que ahora se está implementando, radica en que aún se está ante el despliegue de un claro lineamiento de política exterior de la administración Duque en relación con la migración.

Infortunadamente el gobierno de Gustavo Petro sigue sin oficializar o declarar los que serán los lineamientos definitivos de su estrategia de política exterior aplicable en este cuatrienio, hecho que obliga a moverse en un terreno de relativa incertidumbre sobre la materia, incluso a 177 días de su llegada a la Casa de Nariño.