Se está presentando una nueva movida en la geopolítica global. No obstante, esta vez habrá efectos más pronunciados que los observados en el último año. Ahora se quiere sacudir al gran actor persa y eso, indudablemente, tendrá consecuencias que aún no se dimensionan.

Al recordar la historia, debe señalarse que la revolución iraní alteró de manera estructural la configuración política de Medio Oriente en 1979. No se trató únicamente del colapso del régimen monárquico del sha Mohammed Reza Pahlaví, sino de la instauración de un modelo gubernamental que combinó instituciones republicanas formales con una autoridad religiosa suprema. La soberanía popular quedó subordinada a la tutela doctrinal del líder supremo, cuya legitimidad emana, antes que del sufragio, de una interpretación jurídica del islam chiita.

En este caso, como pocos en el mundo, la fusión entre religión y política es un fenómeno que produce efectos materiales y distributivos. Uno de los ámbitos en los que esta arquitectura resulta más visible es el de la ciudadanía de las mujeres. El ordenamiento jurídico consagra desigualdades en materia de herencia, testimonio judicial, custodia y regulación del espacio público.

El uso obligatorio del velo, por ejemplo, constituye una prescripción cultural y un instrumento de control estatal sobre el cuerpo femenino como expresión de un proyecto moral institucionalizado. Las protestas desencadenadas tras la muerte de Amini en 2022 evidenciaron que el malestar interno trasciende la vestimenta y se inscribe en una tensión más amplia sobre la autonomía, la igualdad jurídica y los límites del poder religioso en la esfera pública. La lectura de hoy es que la sociedad se cansó de ello y exige cambios sustanciales.

La dimensión económica de este modelo resulta igualmente significativa. Desde 1979, la República Islámica ha desarrollado una estructura en la que amplios segmentos estratégicos están vinculados a fundaciones religiosas y a conglomerados asociados al aparato de seguridad.

Esta configuración reduce la transparencia, limita la competencia y consolida redes de poder que combinan autoridad política, legitimidad religiosa y control económico. El resultado es un capitalismo de Estado con rasgos corporativos y patrimoniales, en el que la asignación de recursos no responde exclusivamente a criterios de eficiencia, sino también a lealtades ideológicas.

En el ámbito internacional, esta articulación entre ideología y economía incide en la conducta estratégica del Estado. Las tensiones prolongadas con Israel y la persistente rivalidad con Washington no se explican solo por cálculos geopolíticos clásicos, sino también por narrativas de legitimidad revolucionaria y resistencia.

Casi medio siglo después de la revolución, el caso iraní ilustra los dilemas estructurales de los sistemas en los que religión y política se encuentran orgánicamente fusionadas. La legitimidad basada en fundamentos trascendentes puede otorgar cohesión y capacidad de resistencia, pero también limita el pluralismo, restringe derechos y condiciona la racionalidad económica.

En un contexto internacional marcado por el resurgimiento de discursos identitarios y la erosión del multilateralismo liberal, la experiencia iraní constituye un caso que debiera abordarse de manera diferente. Hoy que se desataron los ataques contra ese régimen político y su territorio, el panorama geopolítico plantea explicaciones novedosas que habrá que considerar en la segunda parte de esta reflexión (continúa…).