El gobierno de Gustavo Petro trató de posicionar a Colombia como un actor más autónomo y visible, tanto en la región como en el escenario global. Desde el inicio de su mandato, el discurso presidencial insistió en la necesidad de transformar ciertos pilares tradicionales del relacionamiento externo, especialmente en ámbitos como la política antidrogas, la transición energética, la integración latinoamericana y el papel del Sur Global en la gobernanza internacional. Sin embargo, el mensaje se diluyó cada vez que el mandatario acudió a X para posar de injerencista.

Uno de los rasgos más notorios del gobierno actual ha sido la exacerbada personalización de la diplomacia. En diversos escenarios internacionales, las declaraciones presidenciales han adquirido un protagonismo superior al de los canales diplomáticos, lo que ha generado episodios de tensión que han debilitado la capacidad de interlocución regional del Estado colombiano. Más que consolidar una diplomacia prudente y calculada estratégicamente, el presidente ha privilegiado un estilo comunicativo confrontacional, ideologizado y reactivo ante diversos acontecimientos políticos internacionales.

La relación con EE.UU. ilustra parcialmente esta situación. El gobierno colombiano ha mantenido espacios importantes de cooperación bilateral en asuntos como migración, seguridad y transición energética, y ha buscado abrir discusiones legítimas sobre la necesidad de replantear el enfoque internacional en la lucha contra las drogas. Sin embargo, la forma en que algunas de estas posiciones han sido expresadas públicamente ha generado percepciones de ambigüedad y confrontación innecesaria.

Las tensiones con Perú representan un caso aún más evidente. Las reiteradas declaraciones de Petro sobre la situación política del país tras la destitución de Castillo fueron consideradas una intromisión en los asuntos internos del Estado. En lugar de asumir un papel diplomático prudente o de facilitación regional, el gobierno colombiano terminó involucrándose discursivamente en una polarización política doméstica ajena. Esto provocó el ya conocido deterioro de la relación bilateral.

Con Ecuador también han surgido fricciones derivadas de comentarios presidenciales sobre la seguridad y el manejo del orden público interno. Aunque Colombia y Ecuador comparten desafíos en materia fronteriza, de narcotráfico y de presencia de grupos armados ilegales, el tono de algunas declaraciones generó incomodidad diplomática y evidenció dificultades para gestionar diferencias políticas a través de canales institucionales discretos. Los efectos conocidos tienen la bilateralidad en ascuas.

Por último, las controversias con el gobierno boliviano han reforzado la percepción de una diplomacia excesivamente atravesada por afinidades ideológicas y posicionamientos políticos personales. Las intervenciones públicas de Petro en debates internos de esa nación alimentaron críticas por una tendencia injerencista de la diplomacia colombiana, particularmente sensible en un contexto regional históricamente marcado por tensiones sobre la soberanía y la no intervención.

En conjunto, estos episodios sugieren que el principal desafío internacional del gobierno Petro radica en la dificultad de traducir los eventuales objetivos de su política exterior en una diplomacia efectiva, estable y estratégicamente coherente.

Una política internacional orientada a la búsqueda de mayor autonomía, liderazgo regional o transformación de agendas internacionales requiere, además de discursos, prudencia diplomática, institucionalidad y la construcción sostenida de confianza con otros gobiernos. Por el contrario, esta administración ha sido un tiempo sin diálogo ni diplomacia.