Lo que ocurre en México con el asesinato sistemático de 30 aspirantes, precandidatos y candidatos a las elecciones generales del 2 de junio es tenebroso. Estas elecciones se habían pronosticado como inéditas en la historia del país, pero no porque se esperara semejante nivel de violencia, sino por ser la primera vez que se desarrollan estos comicios para elegir en la misma fecha al (la) presidente(a) de la República, lo(a)s legisladore(a)s de ambas cámaras y las autoridades locales en los diferentes Estados. Es decir, se trata de un proceso electoral inédito por su magnitud. No obstante, está pasando a la historia por el número de aspirantes a cargos públicos que han sido excluidos de manera violenta.

México está llegando a un incomprensible nivel de normalización de la violencia. En la última década, con el afianzamiento de los carteles de la droga, permeando y dominando todas las estructuras del poder, el país se degradó al punto que las escenas cada vez más cotidianas en las que atacan y asesinan a los candidatos que no son del agrado del aparato criminal, se convirtieron en norma. Luego limpian el espacio donde ocurre el hecho y la vida sigue, como si esto que viene sucediendo fuese parte de la cotidianidad.

Cierto es que en América Latina la violencia gradualmente se ha venido normalizando. Máxime, cuando ésta viene acompañada del rol que cumplen los denominados carteles y grupos criminales organizados. Colombia lo experimentó drásticamente en la última década del siglo anterior. México adoptó el nefasto modelo en los últimos veinte años, ahora Ecuador incursiona en ese oscuro mundo. Pero también en Centroamérica

En América Latina la violencia gradualmente se ha venido normalizando

y en otros de los países andinos ha habido una deformación impresionante sobre el proceso de acceso al poder. Sin embargo, hasta ahora no se había presenciado que asesinar candidatos fuese un simple trámite.

Más complejo aún es señalar que la cifra de asesinatos vinculada con el proceso electoral está alrededor de los 400. Es decir, además de precandidatos, aspirantes y candidatos, en realidad el escenario electoral es agresivo con todas las personas que suscriben una campaña. Varios investigadores del tema, representando asociaciones reconocidas por su rigurosidad, han precisado que desde las pasadas elecciones en 2018, los grupos criminales aumentaron el uso y la diversidad de sus estrategias de “violencia selectiva” en el nivel más bajo (municipal), lo que ha llevado a que se consolide una indeseable práctica.

Los candidatos que están por fuera de los círculos de criminalidad optan por hacerse a un lado, despejando el camino para quienes dichas estructuras determinen. Posterior a ello, al no adelantar investigaciones serias, neutrales, ni amparadas por los principios judiciales, se denuncia que todo queda en el olvido y simplemente los grupos criminales terminan afianzados en el poder con la complacencia del poder público.

Se ha llegado a normalizar la violencia al punto que resulta insospechado el desenlace. Estas elecciones en México, inéditas por donde se analicen, están planteando un escenario de caos futuro inimaginable. En realidad, todo empezó a deteriorarse cuando se hizo normal asesinar; y cuando los carteles de la droga determinaron el hecho como suyo. En dichas estructuras es donde se decide quién vive y cómo lo hace. También se decide quién gobierna en un lugar determinado y cuánto puede o debe durar un gobernante en su cargo.