¡Esto no se arregla con una elección! No nos engañemos más. No es cuestión de quién saque el baloto en el bingo político en 2026, eso es hoy totalmente impredecible. Un “reality show” electoral por sí solo no soluciona el cúmulo de problemas de ilegalidad, impunidad e ilegitimidad que deliberadamente nos hemos permitido como sociedad.

En Colombia el Estado de derecho implosionó y seguimos pandos, orondos, impávidos e insensibles. Esto sólo se remedia mediante el sacrificio de conformar una resistencia con un relato unificado, la determinación colectiva de transformar el Estado, y el valor necesario para combatir el crimen y meter los ratones a la gatera.

Lo expresó con exactitud el maestro Alberto Velásquez Martínez: “El clientelismo, adobado con el caciquismo y el gamonalato, anarquizó a los partidos. Perforó sus organizaciones de microempresas electorales que no solo se nutren de dineros ilícitos, sino de posiciones contradictorias como la que mostró Gaviria con su incongruencia”.

Con el país sumido en violencia, salió Santos a justificarse mediante la mentira de que los acuerdos de paz sólo tienen efectos retardados, y a validar la inclusión en la política de guerrilleros y narcoterroristas, cuando esto no es un mandato de izquierda, es la implantación del caos institucional y una merienda de la hacienda pública en la que medran toda suerte de criminales.

Mientras las portadas de los medios siguen graduando de héroes a los delincuentes, quienes representan la política tradicional y los opositores al régimen están anulándose unos a otros, pues sus egos solo les permiten escucharse a sí mismos.

Llegan de Europa al bazar de la politiquería y el clientelismo los grandes proxenetas y patinadores de la corrupción y la destrucción, cargados de mermelada Petro-Santista, para poder reelegir la plantilla de congresistas prepagos e ir por la presidencia en 2026.

Arropados en la falsa bandera de la paz, el Estado lo controlan los que aprovecharon las debilidades propias de la anarquía para, con un discurso populista, instaurar una autocracia inquisidora moderna, que no es otra cosa que la dictadura del progresismo que quiere controlar nuestra civilización acomodando todas las normas sociales a la imposición de las agendas minoritarias a la mayoría, financiados por empresarios corruptos, por ONGs bajo el efecto Soros, la ONU, y organizaciones criminales y narcoterroristas de todo tipo.

La descomposición actual de todo el Estado Colombiano sobrepasa las capacidades de la famélica y degenerada justicia. La formación de políticas públicas hoy se reemplazó por la multiplicación generalizada y exponencial de la corrupción entre una cleptocracia clientelista que ejerce la politiquería y los cargos públicos, como forma de vida.

Es válido criticar y renegar pues quienes nos gobiernan, son una pandilla de destructores insensatos, de ignorantes, locos y degenerados. Pero si queremos entender el problema del país, miremos bien qué intereses y quiénes hay detrás ellos y de los políticos corruptos.

Recordemos que cuando uno pone la manito hay otro que se la llena. Por tanto, el verdadero problema, son los están por detrás de la corruptela estatal, esos grandes grupos delincuenciales que pagan las campañas electorales, los grandes contratistas del Estado y toda suerte de lavadores y organizaciones criminales narcoterroristas armadas, jineteados todos por una pila de cínicos cabilderos que apesta.

Vive la nación un caos generalizado e inducido. Si antes la corrupción estaba representada porque se robaban algunas frutas, hoy lo que ocurre en Colombia es que están arrancando los árboles de raíz. El problema de fondo es cultural no sólo económico y se fundamenta en las formas mafiosas que dominan el control del poder y la impunidad a la generación de capitales ilícitos.

La restauración de un Estado de derecho funcional no es un asunto que se solucione con el mito de cuanta plata arrumen “los poderosos”. Contrario a lo que pasa con el dinero ilegal, la plata lícita ya no funciona, no compra votos ni conciencias; ambas cosas se demostraron plenamente en las campañas de 2018 y 2022.

Olvidémonos del casino en que jugaba la gente importante, prestante y bien intencionada que ingería en la conducción de la sociedad y el Estado. Hoy la plata que respalda el póker político se juega en antros clandestinos con las cartas marcadas y el revolver sobre la mesa.

Ya no son los ciudadanos adinerados ni las empresas productivas las que patrocinan a los que se presentan a las elecciones. Aquí mandan grupos, clanes, contratistas y organizaciones criminales sin escrúpulos ni valores éticos, que trabajan bajo la máscara de negocios supuestamente lícitos, cuando en realidad son contrabandistas, lavadores especializados, jefes de bandas de crimen organizado, que se valen de proxenetas para apoyar candidatos y políticos, corrompen a quienes otorgan los avales electorales, y luego activan a los funcionarios públicos que patrocinaron.

Haber protestado 50 años contra el Estado y los poderosos en una democracia funcional, y haberlo hecho secuestrando y violando niños campesinos, matando soldados, civiles, empresarios y servidores públicos, no justifica de manera alguna llegar al poder a despedazar el Estado y el país con resentimiento y sevicia, ni llevar la nación a un estado de miseria humana y económica irrecuperable.

Siempre han existido focos de corrupción, la trampa y el engaño han sido una tentación humana que al igual que el vicio son imposibles de eliminar por completo. Pero donde los delincuentes saben que tienen riesgo y castigo, pueden ser reducidos a la mínima expresión, y florece la legalidad y con ella la seguridad.

Solo un cambio cultural colectivo y determinado a adoptar un compromiso cívico basado en un gran sacrificio y una disciplina de trabajo severa, podría rescatar a Colombia de la implosión estatal de 2022, que día a día derrumba y desaparece una institucionalidad acobardada. Solo un propósito unificado puede llevar a la Nación a una senda diferente a la de la anarquía que le entregó el poder y el manejo de los valores sociales a una tiranía de delincuentes.