Mis respetos, Señora Procuradora. Escribo porque soy antioqueño, nací en Medellín, quiero mi tierra y es mi obligación expresarle mi admiración y gratitud señora Procuradora por haber obrado en derecho.

Crecí en un hogar conformado por la influencia cívica de gente verraca, libre e igualitaria, franca, honesta y honorable. Provengo de familias antioqueñas trabajadoras que, desde la fundación de nuestra nación como un país democrático, siempre participaron activamente en el cuidado de todo aquello que representa la cosa pública y que se refiere a la mejora de la calidad de vida de nuestra libre, igualitaria y emprendedora región y nuestra hermosa ciudad.

Hasta la llegada endosada desde la capital de este alcalde sinuoso, Medellín, con diferencias naturales lógicas y llevaderas, siempre fue manejada con unidad de criterio cívico y un sentido de propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos en procura del bien común y respeto por la administración pública.

Esa cultura cívica hizo que lo público se custodiara siempre con pulcritud, incluso en los momentos más complejos en que nuestra sociedad tuvo que soportar la violencia de uno de los carteles de narcotráfico más agresivos en la historia del mundo. Gracias por su valor y rectitud señora Procuradora, Antioquia, Medellín y Colombia lo necesitan. La justicia y los controles del Estado de Derecho están establecidos para obrar ante la injusticia, la ilegalidad o el abuso, cuándo y dónde este se presente, sin otra consideración de ninguna naturaleza, tiempo o circunstancia.

La justicia y la defensa del deber ser jurídico en las sociedades democráticas, no se pueden ni deben relativizar ni temporalizar según conveniencia o cálculo político. Ese es precisamente el elemento esencial que distingue el ejercicio de un Estado de Derecho de una dictadura.

Y es que infortunadamente, lo que hay pendiente hoy en Colombia no es una elección democrática cualquiera donde se expresan libremente planteamientos ideológicos dentro de un marco de legalidad.

Este es el momento en que los líderes políticos e institucionales de todo el país deben respaldar la justicia y los controles, cuando esta se manifiesta en favor del interés general. Así sea en sentido figurativo, “al que duda en medio de la batalla por la defensa de los principios, la libertad y los ideales, es al primero que le cortan la cabeza con la instauración de la tiranía”.

Aquí lo que está en juego es precisamente el Estado de Derecho democrático que garantiza las libertades sociales frente a una acometida narco comunista ilegalmente respaldada por toda suerte de organizaciones criminales activas, que quiere cambiar nuestro ordenamiento jurídico y constitucional de la misma forma totalitaria en que ha ocurrido ya en otras naciones de la región y el mundo.

La sociedad o las instituciones privadas les han confiado a sus líderes las responsabilidades que los obligan a dar la cara, no es su función plantear que todos pasemos de agache ante los abusos, por miedo a que los delincuentes se victimicen.

Este no es el momento de miedos y cobardías, titubeos, reservas, blandenguerías, ni de actuar con doble moral según conveniencia, no es el momento de dudas frente a los que es correcto o no, escondidos bajo el argumento ladino respaldado por el perverso pretexto de qué, justicia si, pero cuando no nos de miedo a la reacción de los ilegales.

No podemos nunca dudar ni ceder espacio frente a lo que es legal o no, ni frente a lo que todos tenemos obligación de defender, respetar o cumplir. Llegó la hora de ver qué estamos hechos en materia de principios, y si tenemos o no el valor de salvar al sistema democrático de libertades y garantías sociales. Llegó el momento de ayudar a triunfar a la justicia sobre la amenaza de quienes obran desde la ilegalidad respaldados por las organizaciones criminales que quieren verse representadas por quien ostente el poder en Colombia.

El que tenga miedo a luchar por la verdad y el deber ser, es mejor que renuncie a su cargo y salga corriendo del país, porque no es apto para representar el sistema de libertadas y valores fundacionales cuando estos están más amenazados que nunca.

En la lucha continua en los territorios y las calles del país por defender el deber ser y en contra de la injusticia, no hay tiempo ni espacio para relatividades, cálculos o cavilaciones de docta entelequia. No valen los que critican desde el burladero sin ponerse delante. No valen los que solo denigran de quienes no les significan riesgo o amenaza alguna. Ni valen, quienes, escondidos y en privado, piden que se mate al tigre que se metió en el corral y luego asustados con el cuero salen a criticar al que tuvo el valor de salvar el rebaño.

El escarmiento a quienes abusan de la ley o del ejercicio de sus posiciones es justo y necesario, y solo se da cuando recae todo el peso de la ley sobre aquellos que la transgreden. ¿Cómo así que llevamos años clamando justicia y cuando esta aparece, entonces criticamos a quienes tienen la obligación de procurarla y administrarla?

Gracias Procuradora por evitar que la intervención flagrante y directa en política y que la malversación y aprovechamiento de los recursos públicos de la segunda ciudad del país, contribuyan al ejercicio político a manos del concurso de hampones y grupos delincuenciales que hoy tiene en alto riesgo a todo el sistema de libertades en Colombia.

Medellín no se calla ni se amilana así de fácil ante el populismo de un alcalde y su banda, por más que lo respalden algunos elementos de la pútrida clase política que opera en la capital.

Antioquia no le come cuento a la demagogia mediática, conocemos bien las consecuencias de narco-terrorismo. Bogotá titubeó en 2014, el Gobierno que negoció con los terroristas se alió con ellos, y miren a dónde vamos y cómo estamos en todo Colombia.

El problema actual es de los colombianos, y lo debe solucionar en primera instancia la justicia colombiana y no una corte regional altamente ideologizada, como ocurrió en el caso de un alcalde de Bogotá con la Cidh, de modo que no se pusiera en riesgo un falaz acuerdo de paz que se tuvo que negociar por fuera de la jurisdicción de la justicia colombiana, en el territorio de una nación sometida a una tiranía dictatorial.

Si el Gobierno de turno hubiese respaldado sin cálculo político, la decisión de la Procuraduría cuando el entonces alcalde de Bogotá transgredió la ley, ese sujeto estaría tras las rejas pagando por los abusos y los delitos cometidos y no podría ser el candidato que engaña al pueblo con un discurso de odio que apela al cambio, mientras convoca abiertamente el perdón social para toda el hampa y la ilegalidad en favor de su causa divisoria, pendenciera, llena de odio y resentimiento personal.

Los deberes y obligaciones de la Procuraduría son velar para que se respeten los derechos del conjunto social, que se obre en derecho de forma justa y honorable, sin aprovechamiento personal o detrimento alguno para la sociedad, la comunidad o las responsabilidades que atañen a todo aquello que la ley y los cargos le confían a un funcionario.