En columna publicada en La República el pasado 13 de septiembre, Luis Pérez Gutiérrez formula de manera inquisidora una serie de preguntas a propósito de decisiones tomadas en Hidroituango, cuya respuesta debería conocer perfectamente si se hubiese desempeñado en el cargo de gobernador con la diligencia y sabiduría que hoy reclama altivamente.

El departamento de Antioquia, directamente e indirectamente por intermedio del IDEA, era, desde 2008, el propietario mayoritario de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango, propietaria del proyecto, con el 52,8% de las acciones. EPM tenía el 46,3% y accionistas minoritarios el restante 0,9%.

Dicha sociedad había encomendado a EPM la construcción del proyecto en los términos del contrato BOOMT suscrito entre las partes el 30 de marzo de 2011. Para hacer seguimiento al cumplimiento de los términos contractuales, se había creado el Comité de Seguimiento del Contrato BOOMT, instancia ante la cual EPM debía informar lo relativo a su ejecución, que en esa fase no era nada distinto que lo concerniente a la construcción del proyecto.

El 23 de abril de 2013, EPM informa a dicho Comité de las dificultades geológicas y geotécnicas encontradas en el terreno que hacen más riesgosa, más costosa y más demorada la instalación de las compuertas en los túneles de desviación derecho e izquierdo, como estaba previsto inicialmente. Se informa que los ingenieros de las empresas responsables de la construcción concibieron una alternativa que evita esos problemas y permite hacer el desvío del río en el primer verano de 2014. De esto da cuenta el Acta 13 del Comité.

En diciembre de 2013, EPM informa del asunto nuevamente al Comité. En el Acta 025 se lee lo siguiente:

“EPM expuso la necesidad de adoptar la alternativa de construir un tercer túnel, contemplando un segundo desvío para 2018, para posibilitar las actividades de construcción de los tapones de los dos túneles de desviación. (…) Teniendo en cuenta los cambios antes citados, HI tiene la inquietud de cómo se cerraría la desviación, a lo cual EPM respondió que debe ser con compuertas que se localizarán en el tercer túnel de desviación. HI solicitó a EPM notificar oficialmente la construcción del tercer túnel, dado que ya se han cumplido dos pasos que son la concepción del túnel y la consulta ante la Junta de Asesores, se debe informar oficialmente para que quede documentado este cambio…”

Las decisiones referentes a lo que más precisamente se llamó Sistema Auxiliar de Desviación (SAD), del cual es parte el tercer túnel o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), planteaban complejos problemas de ingeniería, que fueron discutidos, analizados y estudiados por los profesionales de las empresas involucradas en la construcción del proyecto. No se está hablando de cualquier pintado en la pared. En conjunto, dichas empresas reúnen experiencia en la construcción de 83 centrales hidroeléctricas: Camargo-Correa 31, EPM 20, Integral 16, Conconcreto 10 y CONINSA-Ramón H 6.

Como si eso fuera poco, por recomendación de la Junta de Expertos, para la toma de esas decisiones, se contrataron los servicios de consultoría de la firma brasilera INTERTECHNE, con experiencia en el diseño de grandes proyectos hidroeléctricos, como Irape (390 MW), Salto Caxias (1240 MW), Santo Antonio (3568 MW), Teles Pires (1820 MW) y SINOP (400 MW), entre otros.

INTERTECHNE rinde informe en septiembre de 2014, en el cual manifiesta que:

“Teniendo en cuenta las diversas alternativas evaluadas, se considera que la alternativa A (la relativa a la GAD) es más favorable para el logro de los túneles de desvío desde que se hagan los cambios propuestos (desplazamiento del emboque aguas arriba y profundización de la galería para aumento de la capacidad de descarga). Con esos cambios se puede utilizar varios cordones de enrocado para el cierre del río de modo similar a lo que fue hecho en la central de Xingó en Brasil, que es un precedente importante para el caso de Ituango”

Conocido este estudio, en diciembre de 2014, la Junta de Expertos, en su informe número seis, manifestó lo siguiente:

“Desde la última reunión de la Junta en julio de 2014, Integral estudió cinco alternativas para complementación de la desviación del rio en su cierre final, contando con la colaboración de la firma consultora INTERTECHNE, como fue decidido anteriormente. Las alternativas estudiadas se enumeran a seguir:

A – Galería Auxiliar conectada con el túnel de descarga 4.

B – Galería Auxiliar conectada al túnel de desviación derecho.

C- Readecuación de las estructuras de cierre en el túnel de desviación derecho.

D- Readecuación de las estructuras de cierre en el túnel auxiliar izquierdo.

E – Dos galerías cortas conectadas con los túneles de desviación derecho e izquierdo.

El análisis de costos, incluyendo las consideraciones de logística de construcción y riesgos correspondientes a las principales actividades de cada alternativa, fue seleccionada la alternativa A, que presentó el menor costo ponderado por riesgos de las operaciones de construcción. La Junta de Asesores, cuyo miembro N. Pinto tuvo oportunidad de discutir los principales puntos de la alternativa A con el personal de Intertechne, está de acuerdo con esta decisión”

La decisión de construir la GAD no se tomó a la ligera. Se evaluaron cinco alternativas y esta se seleccionó por tener el menor costo ponderado por riesgos constructivos.

La construcción de las ataguías necesarias para la desviación del río hacia la GAD, planteaba el problema de su resistencia al empuje de las aguas. Esto fue sometido a consideración del Laboratorio LACTEC de Curitiba, que se encargó de la modelación hidráulica. El caso es que el modelo de Curitiba arrojó que la GAD era viable, es decir, que las ataguías no se iban a derrumbar por empuje de las aguas. Las cosas efectivamente funcionaron, el río se desvió por la GAD y los túneles originales de desviación pudieron ser taponados.

En resumen, dada las características geológicas del sitio de su localización, la construcción de la infraestructura de soporte de las compuertas podía tener las siguientes consecuencias:

Riesgos de derrumbe durante su construcción o posteriormente a ella, lo que habría llevado al taponamiento incontrolado de los túneles de desviación.
Costos constructivos adicionales y costos derivados del retraso de la entrada en operación comercial del proyecto. Estos últimos se estimaron en 728 mil millones.
Para enfrentar esta situación, se estudiaron y evaluaron cinco alternativas diferentes a la de instalación y cierre de las compuertas para proceder al llenado del embalse. Estas alternativas fueron estudiadas, discutidas y analizadas por los especialistas de las empresas concernidas, fueron sometidas a la consideración de la Junta de Expertos y evaluadas por consultores externos de reconocida solvencia técnica en los asuntos en discusión. Al cabo de todo ese proceso se llegó a la alternativa consistente en lo siguiente:

Hacer un segundo desvío del río en el verano de 2018 y encausarlo por un tercer túnel construido para el efecto. Este tercer túnel es la GAD.
Una vez desviado el río, proceder al taponamiento con estructuras de concreto de los dos túneles originales de desviación.
Cerrar con las compuertas respectivas la GAD y proceder, a partir de junio, al llenado del embalse para que la central entrara en operación en diciembre de 2018 como estaba previsto.
Como lo sabe todos mundo, en la construcción de una hidroeléctrica o de cualquier obra de ingeniería se presentan cambios en respuesta a situaciones imprevistas encontradas en el terreno. La normativa ambiental establece que aquellos cambios que no produzcan impactos ambientales adicionales a los ya identificados y para los cuales se contemplan medidas de manejo ambiental, pueden acometerse sin modificación de la licencia ambiental. En caso contrario debe solicitarse su modificación.

En la construcción de la GAD concurrían ambas clases de cambios, es decir, los que requieren modificación de la licencia y los que no implican dicho trámite. En visita de seguimiento realizada en agosto de 2015, se presentaron a los profesionales de la ANLA las obras de la GAD. En ese momento se estableció que era más conveniente hablar de Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) conformado por la GAD propiamente dicha y las obras externas o de superficie: ataguías, vías industriales, portales y depósitos.

Las obras subterráneas, es decir, la GAD propiamente dicha, no hacían uso de recursos naturales adicionales ni causaban impactos ambientales diferentes a los ya identificados en la licencia original. Adicionalmente, la GAD utilizaba el túnel de descarga número cuatro que ya estaba licenciado. Fue por esas razones que se consideró que las obras subterráneas no requerían de una modificación de la licencia ambiental y que podían acometerse sin dicho trámite. En ninguna de las visitas posteriores, los profesionales de la ANLA hicieron cuestionamiento legal alguno sobre los trabajos subterráneos del SAD.

Para las obras externas se solicitó, desde diciembre de 2015, la modificación de la licencia, la cual se otorgó el 30 septiembre de 2016, mediante resolución 1139. Las obras externas del SAD se iniciaron en octubre. Es importante anotar que en los informes de cumplimiento ambiental del segundo semestre de 2015 y primero de 2016, se informó a la ANLA de los avances de las actividades constructivas del túnel de descarga número 4 y de las obras subterráneas conexas del SAD.

Luis Pérez Gutiérrez fue gobernador de Antioquia entre el primero de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. Es decir, asume sus funciones poco después del período en el que se tomaron las decisiones relativas al SAD. Recuérdese que el departamento de Antioquia es el accionista mayoritario de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango dueña del proyecto. Surgen por ello las siguientes preguntas:

¿Por qué, una vez en funciones, el gobernador Luis Pérez no se informó diligentemente del estado del proyecto y de las decisiones que allí se estaban tomando?

¿Por qué, en caso de haberse informado, no ordenó la suspensión de los trabajos del SAD que hoy le parecen tan absurdos y desencaminados?

¿Por qué no señaló que el desarrollo de esos trabajos sin licencia ambiental, como hoy supone, era una violación flagrante de BOOMT?

¿Por qué no ordenó el despido de todos esos zoquetes incompetentes que habían tomado esas decisiones?

¿Por qué, como su representante en la Junta de la Sociedad Hidroituango, no defendió el interés del departamento que estaba siendo lesionado por unas decisiones malas desde la ingeniería y contrarias a la ley?

Ojalá que el doctor Luis Pérez tenga una respuesta satisfactoria a esas preguntas cuando se las formulen, no un humilde comentarista como el suscrito, sino los organismos de control. Si, como presumo, carece de esas respuestas, le aconsejo recordar que es mejor callar que locamente hablar.