Se trata de la argumentum ad legem, una falacia argumentativa que consiste, básicamente, en defender o atacar una acción solo porque es legal o ilegal.
La falacia no es originaria de Colombia, pero aquí ha caído como anillo al dedo. Encaja de maravillas con nuestro fetichismo legalista -todo colombiano tiene un pequeño Godofredo Cínico Caspa en su corazón- y nos evita caer en complicadas disquisiciones éticas y morales: si es legal está bien y si es ilegal está mal, decimos.
Sin embargo, la utilización de este raciocinio, en el mejor de los casos, es hipócrita. Echar mano de argumentos legalistas puede que funcione cuando se trata de engatusar en una entrevista radial o en un debate parlamentario, pero flaco favor se le hace al discurso público cuando todo se reduce a un cotejo normativo. La legalidad o ilegalidad de un acto no define su moralidad, o, más importante aún, su conveniencia. Calificar las políticas públicas como buenas o malas porque una ley las autoriza es caer de frente y con todo el peso en la falacia.
Con puro legalismo es que el gobierno ha justificado su golpe de estado a la Greg. La intervenimos, dicen desde el Palacio de Nariño, porque una ley de Duque nos lo permite. Nada sobre el mensaje que esta intromisión le manda al mercado energético, ni sobre las causas que pueden estar llevando al aumento de la energía en plena época de lluvias, ni siquiera sobre la demencial idea de renunciar a nuestra soberanía energética para depender de molinos de viento y del poco confiable gas venezolano. En otras palabras, lo hacemos porque queremos y podemos.
Pronto veremos a los ministros blandiendo facturas de luz con apreciables disminuciones de tarifas, lo que, sin duda, les granjeará el favor popular. Por eso este tipo de gobiernos se llaman populistas. Una vez cebado con la metodología la aplicará cada vez que tenga una presión política. Y no solo con los servicios públicos. Con la excusa de controlar la inflación la tentación de intervenir los precios de la cadena alimenticia será irresistible. Luego, si las cosas siguen como van, vendrá el control del crédito por la vía regulatoria y, después, la mamá de todos los controles de precios: el control de cambios.
Pero la verdadera cuenta de cobro llegará después. La sustitución de la mano invisible del mercado por la mano peluda del gobierno aterra a los inversionistas. La ley 142 que crea el modelo actual de servicios públicos -una las políticas públicas más exitosas de la historia colombiana- ha recibido un golpe en el estómago. El estatismo no premia la eficiencia o la innovación sino las conexiones políticas. La señora Mazzucato estará pensado en la misión a la luna, pero aquí, en América Latina, cuando el Estado mete la mano terminamos más bien en los Clap de Maduro o en las kafkianas “retenciones” argentinas.
El control de precios siempre acaba en escasez. El Presidente podrá tener las facultades constitucionales o legales para imponerlo, pero el reiterado envío de señales hostiles al sector privado garantiza que el futuro tendremos menos inversiones, menos cobertura y peor calidad en los servicios públicos.