La culiprontés colombiana en materia de derecho internacional es legendaria. Firmamos cuanta convención nos ponen enfrente con la idea ingenua de que alguien en algún lado sabe lo que está haciendo.
Sin embargo, así como somos rápidos para asumir obligaciones internacionales, somos lentos para cumplir las propias. El gobierno colombiano tardó 48 años en cumplir una orden de su propio Congreso. La Ley 10 de 1978 ordenó fijar las líneas de base del territorio continental y del archipiélago de San Andrés y Providencia.
Las del continente se trazaron en 1984. Las de las islas se quedaron engavetadas, aplazadas por gobiernos que prefirieron la prudencia litigiosa a la soberanía ejercida. El anuncio del presidente De la Espriella de expedir el decreto correspondiente corrige una omisión que ya no tenía justificación.
Fue una decisión correcta. Un Estado que no dice desde dónde mide su mar deja que otros lo digan por él. En buena medida, eso fue lo que ocurrió en La Haya cuando Colombia, en un ejemplo del culiprontismo que mencionábamos antes, aceptó la jurisdicción de la Corte. No había por qué hacerlo, pero los mandarines en Bogotá -de muy buena fe, con seguridad- no le querían quedar mal a la burocracia del internacionalismo biempensante. Les resultaba impensable que Bogotá incumpliera el Pacto de Bogotá. Esto llevó a que durante décadas se desoyera la tesis del internacionalista Enrique Gaviria Liévano, que proponía tratar el archipiélago como una unidad. En 2012, la Corte Internacional de Justicia terminó dejando a Quitasueño y Serrana como enclaves rodeados de aguas ajenas.
Pero apoyar la decisión de Abelardo exige mirar lo que viene. Nicaragua protestará y dirá que Colombia desconoce los fallos de 2012 y de 2022. Podrá acudir al Consejo de Seguridad, pedir a la Corte que interprete sus sentencias o buscar respaldo en foros regionales. Sin embargo, estos temores son exagerados. El actual gobierno de Nicaragua es un paria internacional. Nadie va a mover un dedo para defender a los esposos Ortega, y menos cuando ellos mismos han apostatado del sistema internacional al que ahora piden protección.
¿Debe eso paralizarnos? No. La experiencia muestra que desatender las decisiones de La Haya tiene costos, sí, sobre todo reputacionales, pero rara vez los catastróficos que anuncian los temerosos. En 1986, Estados Unidos desconoció la sentencia del caso Nicaragua y vetó en el Consejo de Seguridad las resoluciones que exigían acatarla. En 2008, Texas ejecutó a José Ernesto Medellín, pese a que el fallo Avena ordenaba revisar su condena. China despreció el laudo arbitral de 2016 sobre el mar de China Meridional. Rusia ignoró en 2022 la orden de suspender sus operaciones militares en Ucrania. El derecho internacional no tiene policía: su cumplimiento depende del poder y de las alianzas.
Colombia debe tejer las suyas, con Estados Unidos a la cabeza. Por eso, la pregunta no es si trazar las líneas, sino cómo prepararse para la reacción que inevitablemente vendrá a continuación.