En palabras de Nicolás Maduro, la Corte Suprema de Justicia está a punto de cometer un ‘autosuicidio’. Es la segunda vez que lo intenta. Por allá en 2010 algo parecido había ocurrido: las pugnas entre los magistrados y un odio visceral contra Uribe casi logran el desmantelamiento del alto tribunal por falta de decisión en el reemplazo de los magistrados. La consecuencia fue una Fiscalía interina durante más de un año, con el consecuente impacto sobre la administración de justicia penal.
Según un extenso informe de la revista Semana, esta crisis institucional se está repitiendo. Llevamos casi un año desde la renuncia de Néstor Humberto Martínez y la Corte Suprema de Justicia no ha sido capaz de nombrarle un reemplazo. Es solo por la presencia de un fiscal encargado como Fabio Espitia, conocedor y ponderado, que la situación no ha sido más grave.
El citado informe periodístico atribuye el impasse a una pugna de poder entre magistrados costeños y paisas por controlar el alto tribunal, como si se tratara del concejo municipal de San Antero. Es tal la animadversión entre ambos bandos, dice Semana, que “a quienes aspiran a conseguir consensos se atraviesan los que prefieren mantener el control de las mayorías en la corporación o van tras la torta burocrática”.
Y todo por la “coyuntura de la elección del próximo Fiscal, que controla 22.000 cargos”. O sea que, según reporta la revista más influyente del país, algunos magistrados están dispuestos a tirar por la borda la máxima institución judicial colombiana para asegurar que les nombren una secretaria en la URI de Pitalito o un detective en el CTI de Riohacha.
Cuesta trabajo creerlo, sobre todo porque es esta misma Corte la que debe juzgar a los aforados cuando cometen delitos. Aunque en muchas ocasiones el tribunal ha estado a la altura de las circunstancias, como cuando procesó a los parapolíticos en uno de los actos de valor civil más importantes de la historia reciente, desdice mucho de su trabajo -muchas veces serio y honesto- que no sean capaces de reemplazar a sus propios cuadros.
Lo que me lleva a la parte más preocupante del informe de Semana, donde la publicación sugiere que, ante la parálisis absoluta que sufrirá el tribunal el próximo 23 de enero si no se logra un consenso, la solución debe ser la declaración de conmoción interior y el nombramiento por decreto presidencial de los magistrados que hacen falta para completar el quorum. La idea, por descabellada que sea, tiene un precedente: después del holocausto del Palacio de Justicia, Betancur designó a los magistrados faltantes por decreto de Estado de Sitio.
Se trata, por supuesto, de otras épocas y otra Constitución; pero el precedente está ahí y el país no puede seguir sin que exista, para efectos prácticos, su máximo tribunal de justicia. De no resolverse esta situación institucionalmente tendríamos un holocausto judicial auto infligido; lo más cercano al hipotético doble suicidio que alguna vez describió aquel maestro de la gramática latinoamericana.