Hay libros que, como la justicia, se demoran pero llegan. “El libro negro del M-19”, de los historiadores Gilberto Ramírez Espinosa y Abraham Ortiz Miranda hace lo que el país aplazó durante más de tres décadas: contar, caso por caso, el legado de esa guerrilla. Lo hace con sobriedad metodológica, apoyado en las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica y en la prensa de la época.
Las cifras son elocuentes: 104 asesinatos y 680 secuestros entre 1974 y 1990, sin contar las víctimas de sus combates con la fuerza pública. Pero detrás de cada número hay un nombre. El sindicalista José Raquel Mercado, secuestrado y asesinado después de la realización de un macabro reality donde invitaban a los colombianos a votar por la ejecución del prisionero. Nicolás Escobar, gerente de la Texas Petroleum, que murió en cautiverio a manos de sus captores. El estadounidense Chester Bitterman. Los 57 rehenes de la Embajada dominicana. Los 49 franciscanos y 79 obreros retenidos en Zipaquirá. Camila Michelsen, sustraída de un salón de clase. Álvaro Gómez Hurtado, casi dos meses secuestrado. Y el Palacio de Justicia, donde la responsabilidad de quienes lo atacaron no se diluye por una retoma militar feroz y chambona.
Conviene decirlo sin rodeos: el M-19 era un grupo terrorista al estilo de las Brigadas Rojas o la banda Baader-Meinhof. No eran unos Robin Hood criollos. Repartir leche robada en los barrios nos los convertía por arte de birlibirloque en buenos muchachos. Su “populismo armado” no nos puede hacer olvidar que el propósito final de esta organización era hacer una revolución comunista, como la de Cuba o Nicaragua. Sus performances populacheras nunca podrán compensar los secuestros extorsivos -que su fueron en buena medida su invención- ni las salas de tortura eufemísticamente llamadas “cárceles del pueblo”. Un secuestro es un crimen atroz injustificable. Y el “juzgamiento” de un ciudadano por cuenta propia para luego ejecutarlo, es otro. La épica de la espada de Bolívar y todo el teatro que rodeó sus acciones espectaculares ha servido durante décadas para maquillar estas obviedades.
La impunidad con el M-19 ha sido completa. Una batería de normas garantizaron que los responsables evadieran sus crímenes sin siquiera enunciar algún tipo de arrepentimiento. El Estado renunció a esclarecer la verdad, y las víctimas quedaron sin conocerla y sin ninguna reparación. Este gobierno debería formar una comisión de la verdad ad-hoc para que presente un informe oficial sobre las actuaciones de esta agrupación criminal. La Corte Interamericana en el caso El Mozote (1981) dejó claro que las amnistías no pueden ser un obstáculo para investigar en cualquier tiempo violaciones graves ocurridas en un conflicto civil.
Recordar no es revanchismo: es la condición de la no repetición. Y es urgente cuando una generación joven conoce al M-19 solo por la leyenda heroica edificada en la narrativa petrista. Mi felicitación a Ramírez y Ortiz por atreverse a escribir lo incómodo. Las víctimas esperaron demasiado a que alguien las contara. Por fin empezó a hacerse.