La gente poco o nada sabe sobre el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también conocido como el Sidh. Es, en verdad, confuso hasta para los iniciados. Hay una comisión que profiere recomendaciones y una corte que emite fallos. Todas estas instancias fueron creadas y pobladas por los Estados miembros, pero, a su vez, son ellos mismos, los Estados, los que son el sujeto de la ira divina de estos entes que, como Frankenstein, parecería que solo buscan la destrucción de sus progenitores democráticos.
Esta semana, Colombia, en una audiencia en la Corte Interamericana del caso de la periodista Jineth Bedoya, tomó la decisión de retirase de la sesión y de recusar a cinco de los magistrados por “falta de garantías”. Se trata, sin duda, de una decisión controversial en un caso controversial. Equivale funcionalmente a desconocer la jurisdicción de la Corte y abre una caja de pandora hacía el futuro cuyas consecuencias son difíciles de calibrar.
Sin embargo, creo que fue la decisión correcta. El Sidh viene haciendo agua desde hace años. Atrás quedaron los tiempos en los cuales los comisionados eran personas del talante de Álvaro Tirado Mejía y son excepcionales magistrados como Humberto Sierra Porto, el prototipo de un jurista ponderado, sabio y justo.
Ahora, más bien, tanto la Comisión como la Corte, están nutridas de activistas políticos, más interesados en impulsar sus propias agendas, ya ni siquiera como defensores de derechos de humanos sino como militantes de las decenas de causas en que se subsume la política de identidad: justicia racial, feminismo, derechos Lgtbi, derechos reproductivos, autonomía étnica, etc. Estas causas, valga decir, son legítimas y loables. No obstante, el Sidh no es la instancia ni el foro para su promoción e implementación.
Son los Estados, a través de su proceso político interno, los que deben decidir la forma cómo deben abordar estos tópicos de política pública y serán las cortes locales las que deben decidir si estos temas espinosos ameritan una imposición judicial o no, de conformidad con la normatividad interna de cada país.
El Sidh siempre se pensó como un sistema subsidiario que debía actuar ante violaciones mayúsculas de los derechos humanos en la región, no como una última instancia judicial para tramitar disputas domésticas. De ahí su congestión e inoperancia, pero, más aún, su desequilibrio. El Sidh ha sido tímido y lento para sancionar la mayor violación de derechos humanos en la historia del continente -el colapso de Venezuela causado por la satrapía chavista- pero es rápida e implacable con democracias, como la colombiana, que han tenido que lidiar con toda clase de amenazas autoritarias.
Ojalá que la decisión de Colombia de retirarse de la sesión sea asumida por los mandarines del sistema como lo que es: un grito de protesta legítima. Mal haría la corte (o la comisión) en responder con una retaliación en este u otros casos porque acabaría ratificando que le importa más el activismo que la eficaz y recta impartición de justicia.