Como en la canción de mariachi, Daniel Ortega está que se va y se va, pero no se ha ido. Ni se irá. Lo dijo sin eufemismos en el aniversario de la Revolución Sandinista: “Aquí no volverá a haber elecciones”.
No fue un desliz retórico ni una frase para la tribuna. Fue la confesión tardía de un método que Chávez y sus imitadores perfeccionaron hace años. Llegan al poder por las urnas y se van muertos o presos. Ortega ganó limpiamente en 2006. Chávez ganó limpiamente en 1998, pero ambos entendieron algo que sus admiradores en el continente todavía no quieren confesar: para ellos, las elecciones son el primer peldaño, no el último. Se gana una vez y luego se reforma la Constitución las veces que haga falta para quedarse.
Lo interesante es que este método no exige que se oculten con éxito las intenciones. Basta con mirar lo que Colombia acaba de presenciar. Petro llevaba desde 2024 impulsando una constituyente por fuera del Congreso, con recolección de firmas y comité promotor incluido. La abandonó -“suspendió”, según el eufemismo oficial- cuatro días después de que Iván Cepeda quedara segundo en la primera vuelta. Por lo menos, Petro fue franco sobre el motivo. “La decisión electoral […] no permite que el constituyente se convoque a sí mismo”, dijo en ese momento, cuando los números electorales no estaban cerrando y una derrota del continuismo era factible. Es la misma lógica de Ortega, aplicada con más disimulo. Cuando el resultado ayuda, se usa para gobernar sin límites; cuando no ayuda, se cuestiona.
Y aquí llega la segunda escena, más reveladora que la primera. Cepeda, que había insinuado un supuesto “desfase” de 800.000 cédulas para sembrar dudas sobre la primera vuelta, terminó reconociendo el resultado el 8 de junio, mientras Petro seguía sin hacerlo. Pero cuando fue derrotado por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta Cepeda no repitió el gesto: se negó a reconocer como legítimo al nuevo presidente y llamó a la desobediencia civil, incluso mientras recibía su propia credencial de senador gracias al mismo sistema electoral que ahora impugna. No hay coherencia posible entre reconocer las urnas cuando se gana una consulta y ponerlas en duda cuando se pierde la Presidencia.
Colombia no es Nicaragua ni Petro tiene la maquinaria represiva de Ortega. La diferencia de poder es grande y la fortaleza institucional de Colombia es muy superior. Pero el hábito mental -la Constitución como herramienta de ocasión; el resultado electoral como opinión negociable- es exactamente el que, sostenido en el tiempo y acompañado de más poder, terminó pariendo al Chávez de 2005 y al Ortega de 2026. Las dictaduras contemporáneas no nacen como dictaduras. No se necesitan tanques avasallando las casas presidenciales. Nacen como gobiernos elegidos que un día deciden que la próxima elección es un lujo que no se pueden permitir. Quien hoy tantea esa lógica en pequeño, aunque sea por cálculo y no por convicción, está ensayando el guion completo. La pregunta que debería hacerse Colombia no es si Petro o Cepeda son Ortega o Chávez. Es si tienen el potencial de llegar a serlo.