El Consejo de Estado acaba de decretar la pérdida de investidura de Antanas Mockus, decisión que ha causado indignación en muchos sectores de la opinión pública. Al fin y al cabo, el profesor Mockus, como se le conoce usualmente, se ha convertido en los últimos años en la conciencia moral del país, en nuestro Dalai Lama.
Como reacción a la decisión, los medios entrevistaron a un tal José Manuel Abuchaibe, uno de los abogados accionantes, muy conocido en el departamento de La Guajira por ser cercano a Oneida Pinto y a Kiko Gómez. El abogado Abuchaibe, sin embargo, prefiere que lo conozcan, no por la celebridad de sus clientes, sino por sus logros académicos: ha publicado dos libros, uno titulado “La problemática de los vehículos de origen venezolanos en La Guajira”, y otro sobre la demanda fallida al régimen de regalías que, según el jurista, “estuvimos a punto de ganar en la Corte”. (Carros robados y regalías del carbón: ya se pueden dar una idea).
No contento con la defenestrar la curul del senador Mockus, el doctor Abuchaibe insiste en que se le inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos y en que, además, responda por los delitos de peculado, falsedad y fraude procesal. Es decir, el abogado de Kiko Gómez quiere que el profesor Mockus, la conciencia moral del país, se pudra en la cárcel.
Al Consejo de Estado le han caído rayos y centellas por la decisión, como si las altas cortes fallaran en equidad, es decir según su criterio subjetivo de justicia. Fallan en derecho, o sea según las normas positivas, y lo que está mal, esta vez, no parece ser la decisión como tal, sino la ley. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades que existe en Colombia para los funcionarios públicos es absurdo y draconiano, como lo demuestra el caso Mockus, donde se extiende la inhabilidad de una persona jurídica que contrata con el Estado a quienes formalmente fungen como directores.
Durante los últimos 20 años, los sistemas de control y sanción disciplinaria, fiscal y penal, de las actividades de los funcionarios públicos -y los que particulares que “ejercen funciones públicas”-, han sufrido un proceso de elefantiasis que acabó deformando la estructura del Estado. Con este crecimiento desproporcionado se alteró la separación de poderes, politizando la justicia y judicializando la política.
Lamentablemente, este proceso de deformación institucional no solo continúa, sino que se acelera con cada nuevo escándalo. Ya debería quedar claro que establecer nuevos delitos, más inhabilidades e incompatibilidades y sistemas extremos de responsabilidad fiscal y disciplinaria (responsabilidad penal de la persona jurídica, control fiscal previo, inhabilidades vitalicias, tipos penales en blanco, etc.) no llevan a mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio de lo público. Crean, más bien, un peligroso campo minado donde caen las almas buenas, como el profesor Mockus, mientras que los clientes del doctor Abuchaibe lo navegan sin el más mínimo inconveniente.