Puede ser el artículo más absurdo de todo el código penal colombiano. Un mamarracho engendrado por alguna casposa mente leguleya, de esas que citan con rigor celestial sentencias, conceptos, decretos, resoluciones, parágrafos e incisos sin entender muy bien de qué se tratan y para qué son.

Es el artículo 302 que tipifica el delito de pánico económico. Dirán algunos que es un delito que busca proteger la estabilidad financiera castigando con penas de prisión a quien divulgue información “falsa o inexacta” que pueda afectar “la confianza” en una entidad financiera o en un emisor de valores; o quien provoque o estimule “el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros”.

Valga mencionar que para acabar preso no tiene que quebrarse ninguna empresa. Solo basta divulgar la susodicha especie. O sea, basta con dar una opinión que alguien estime inexacta, es decir que al interlocutor no le guste, para acabar tras las rejas por la módica suma de 32 a 140 meses. Como ha sido de esperar, este delito se ha prestado para toda clase de abusos. Es el mazo preferido de los teleabogados, aquellas estrellas del litigio radial y televisivo, que, con prosapia y virtuosidad, amenazan con el cadalso a cualquiera que diga algo que mortifique a sus patrones.

Es lo más cercano a un crimen de pensamiento. Alertar sobre el manejo inadecuado de una empresa, advertir que una acción se encuentra sobrevalorada, recomendar la venta de un bono porque se estima impagable o, simplemente, reflexionar sobre una mala decisión societaria puede en Colombia llevar a un engorroso proceso penal. Lo ridículo del asunto es que la especulación es de la naturaleza de los mercados, en especial de los financieros.

Por cada persona que cree en el futuro brillante de un emprendimiento habrá otra que considera exactamente lo contrario. Por eso las acciones se venden y se compran. Es más, no siempre se invierte con la esperanza de que los precios suban. Algunas veces se invierte con la convicción de que van a caer.

La estabilidad financiera del país no se protege amordazando las opiniones disidentes. El libre mercado implica necesariamente libertad para pensar, decir, comentar y expresarse.

Para opinar, por ejemplo, que la reforma al sistema de salud que el gobierno ha divulgado vergonzantemente a cuentagotas y que pretende implementar por la puerta de atrás es una tragedia nacional. Acabar con las EPS, recortando su presupuesto parece ser el plan.

El anterior gobierno pidió una adición para cubrir el déficit del aseguramiento de $5,3 billones; el actual solo solicitó $2,7 billones, casi la mitad. La adición extra anunciada de $1,3 billones es para difusos programas asistencialistas. ¿Ambulancias acuáticas? ¿Médicos cubanos, quizás?

Lo que debería generar pánico económico no es la revelación de las sinuosas intenciones gubernamentales sino lo opuesto: la destrucción por caprichos ideológicos del más exitoso programa social de la historia nacional para reemplazarlo por pagadores públicos que serán el botín de políticos y oligarcas de overol.