A la Corte Constitucional le han llovido rayos y centellas por su reciente decisión relacionada con la prohibición del Código de Policía de consumir licor y sustancias psicoactivas en el espacio público. Debo confesar que, a mí, al igual que a millones de padres de familia, me disgustó el fallo. ¿De cuando aquí resulta que el libre desarrollo de la personalidad incluye la posibilidad de emborracharse y trabarse en los parques mientras los niños montan en columpios y rodaderos?
Sin embargo, echarle la culpa de esta ridícula idea -producto de la febril imaginación del finado Carlos Gaviria- a la actual Corte es injusto. Si algo a caracteriza a los actuales magistrados del alto tribunal es su equilibrio y ponderación. Esos mismos abogados que han sido tan acuciosos en estigmatizar a la Corte, como si fuera una especie de secta satánica desde donde se preparan pócimas abortivas y se dispara el rayo homosexualizador, deberían saber que los jueces están atados por los precedentes y que no pueden apartarse de ellos como quien se cambia de calzones.
De todas formas, hay que recordar que la actual Corte Constitucional es bastante diferente a la anterior en su talante y composición. Entre 2016 y 2018, cambiaron seis de sus nueve magistrados, es decir dos terceras partes de sus miembros.
Coincidió que los togados salientes representaban a los sectores más de izquierda de la Corte, entre ellos, la muy poderosa María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas. Este triunvirato había impulsado muchas decisiones económicamente retardatarias, como la extensión ilimitada de la consulta previa o la caprichosa prohibición de la actividad extractiva, pero también se atrevió a abrirle la puerta constitucional a temas controversiales, como el matrimonio de parejas del mismo sexo, el aborto y la limitación de fumigaciones aéreas con glifosato.
Quizás la razón por la cual los críticos del actual tribunal no hacen distinciones entre la anterior corte y la actual, es porque, tanto los anteriores miembros, como quienes los reemplazaron, han demostrado un consistente apoyo al proceso de paz con las Farc. Fue la Corte de María Victoria Calle la que ratificó el acuerdo del Teatro Colón, pero es la Corte de Alejandro Linares y Cía., quienes de manera unánime en la mayoría de oportunidades, han solidificado el proceso.
Sospecho que esta obsesión de los enemigos del acuerdo de paz en desacreditar a la actual Corte, aprovechando sus descaches inevitables, no esta relacionada con las posturas jurídicas del tribunal. En últimas, lo que se quiere es legitimar un golpe de mano que lleve a la convocatoria de una asamblea constituyente que reconfigure la rama judicial a la imagen y semejanza de los promotores de la idea. Aunque, la verdad sea dicha, la rama y los diferentes tribunales merecen un fuerte sacudón de la mediocridad y opacidad en la que operan, una constituyente como la que se pretende sotto voce puede resultar un remedio mucho peor que la enfermedad que se pretende aliviar.