El mundo parece dividirse en dos tipos de personas: los que creen en las encuestas y los que no. Quienes formamos parte de la primera cohorte hemos aprendido que quienes las ignoran lo hacen bajo su propio riesgo. Probar una cucharada de sopa usualmente es suficiente para saber cuánta sal le falta a todo el caldero.
Los que, en cambio, se salen por la tangente argumentando que los resultados tienen que ser falsos porque a ellos -entre 50 millones- nunca los han entrevistado suelen autoengañarse. Al igual que los políticos, que cuando las van perdiendo siempre dicen lo mismo: la verdadera encuesta será en las urnas y, las más de las veces, su veredicto confirma sin piedad las estadísticas cuestionadas.
La reciente Ley 2494 de 2025 pasará a la historia como uno de esos intentos típicamente bien intencionados y profundamente equivocados de proteger la democracia restringiendo la información. Parecido a aquel teniente del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam que famosamente dijo que había logrado salvar el pueblo de las manos enemigas porque lo había destruido. Bajo el noble pretexto de combatir la manipulación electoral, el legislador decidió que colocar bajo tutela estatal la técnica de medición de la opinión pública era una buena idea. Ya la norma no se limita a exigir transparencia, lo que sería razonable, sino que exige ficha técnica completa, muestras monumentales, identificación del financiador, margen de error y cuestionario publicado. Darle a entidades públicas poco apreciadas, como el Consejo Nacional Electoral, facultades amplias para fijar parámetros metodológicos y condicionar la difusión de encuestas al cumplimiento de moldes regulatorios estrictos es una mala idea.
La estadística aplicada no es un dogma revelado en el Diario Oficial. Es una disciplina empírica que evoluciona y se ajusta. Algunas de las más renombradas encuestadoras del país llevan casi medio siglo afinando sus metodologías a las particularidades propias de la realidad política colombiana. Petrificar las metodologías con camisas de fuerza jurídicas es petrificar el conocimiento. Y petrificar el conocimiento en materia electoral es una forma sutil de meterle mano al debate público.
Además, hiper-regular las encuestas es un síntoma claro de tercermundismo. En Estados Unidos, el gobierno no fija metodologías de encuestas ni exige registro previo para su publicación. La regulación se concentra en la divulgación voluntaria de estándares profesionales. En el Reino Unido, la regulación electoral exige transparencia sobre patrocinio y datos esenciales, pero no impone fórmulas técnicas obligatorias. Incluso en Francia, donde existe una comisión que supervisa encuestas electorales, el énfasis está en la publicidad de la ficha técnica y en la posibilidad de rectificación, no en la homologación estatal del método.
Si lo que se quería con la norma era más consistencia y predictibilidad, con las últimas encuestas publicadas se logró exactamente lo contrario. Pasamos de un panorama estadístico que antes era nebuloso pero conocido a uno completamente oscuro e incierto.