“Hasta que la dignidad se haga costumbre”, insistió María José Pizarro el 7 de agosto de 2022 cuando emocionada le puso al presidente Petro la banda presidencial. Ocurrió lo contrario. Los últimos cuatro años fueron el periodo de indignidad presidencial más grotesco de nuestra historia. Se estremece uno con los escándalos que están surgiendo. La degradación y la pestilencia es insuperable, todos los días se rompe una nueva marca.
El legado putrefacto de Gustavo Petro no lo pone fuera del alcance del Congreso. La constitución atribuye el conocimiento de las acusaciones contra el presidente “aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos”, por hechos u omisiones ocurridos durante su desempeño. La Comisión de Acusaciones acumula cientos de procesos penales en su contra, una cifra sin precedentes pero sin avances visibles. Es hora de dejar de esperar una causa penal y preguntarse por lo que la Carta llama “indignidad por mala conducta”, que es diferente a lo anterior.
La confusión es frecuente: se cree que juzgar a un expresidente exige probar un delito. No es así. La Constitución dispone que, por indignidad, el Senado puede imponer la destitución o la pérdida de los derechos políticos de un presidente. Si los hechos además configuran un delito, el juicio criminal corresponde a la Corte Suprema. Son dos responsabilidades diferentes y autónomas. La penal mide la conducta frente a un tipo penal. La indignidad, en cambio, es la incompatibilidad con la majestad del cargo. Indigno es quien degrada la investidura, quien usa el poder como instrumento de agravio, quien convierte a las instituciones en adversarias, quien subordina el cargo a fines personales, o quien degrada la majestad de la República. La pregunta, entonces, no es si el presidente Petro violó el Código Penal, sino si se comportó moralmente a la altura de sus mandato.
La figura no es nueva. La Constitución de 1886 contenía casi literalmente la misma fórmula: suspensión de hecho al admitirse la acusación (cuando el presidente estaba en ejercicio), destitución o pérdida de derechos políticos, y juicio criminal aparte. El precedente existe. El Senado juzgó a Rojas Pinilla a finales de 1958, ya fuera del poder, lo declaró indigno por mala conducta en el ejercicio de la presidencia y le impuso la pérdida perpetua de sus derechos políticos, aunque años después, la Corte Suprema y el propio Senado lo absolvieron.
La diferencia entre el sistema del 86 y el de ahora está en el alcance. La constitución del 91 hizo mucho más amplio el juicio por indignidad. En el caso de Gustavo Petro la Cámara debe depurar las denuncias y separar lo penal, que irá a la Corte Suprema, de lo político. Sobre hechos relacionados con la gestión indigna de su cargo -la contratación de prostitutas con dineros públicos incluida-, se debe formular acusación por este concepto. El Congreso decidirá sin tener que someterse a los estándares más rigurosos de un proceso penal. Ahora bien, no hacerlo así también es una decisión: equivale a declarar que la dignidad presidencial ya no tiene ningún significado.