Hacer un repaso de las más recientes intervenciones presidenciales es sumergirse en un mundo jurídico alternativo.

La República de Colombia, según Petro, ahora resulta que es “re-república”, como en “muchas veces pública”, asumiendo que el carácter esencial de la misma es el estatismo y no todo lo contrario, que sería el gobierno no monárquico, o de la “res-publica”. Así lo dijo hace unos días, engolosinado con su propia retórica, como los gatos que jugando con una bola de lana acaban después enredados en un embrollo de su propia creación.

Y luego nos recordó que el poder constituyente, o “constituyente” como afirma en los trinos que dispara sin releer, no “necesariamente es una constituyente”. Es, dice, “para llevar a canon constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991”, proponiendo a renglón seguido siete puntos que abarcan prácticamente todo el espectro de la constitución.

O sea, que lo que el Presidente propone es una constituyente-no-constituyente que daría a luz un texto constitucional de inmaculada concepción engendrado por los angelitos que viven en la Casa de la Nariño.

Podríamos seguir. Hace un mes nos dijo que miráramos “menos la forma y más el contenido” de sus propuestas. Pero resulta que, en la democracia liberal la forma es el contenido. Las leyes, por ejemplo, se aprueban en cuatro debates en las dos cámaras del congreso por unas mayorías predeterminadas surtiendo unas formalidades establecidas. Si no lo hacen simplemente no son leyes.

Tampoco hay transustanciación del mandato, como ha sugerido Petro en numerosos discursos. Los 11 millones de votos obtenidos por el presidente en 2022, que son solo una cuarta parte del censo electoral, no son una autorización para que el primer mandatario haga lo que se le venga en gana. Blandiendo los resultados electorales de antaño Petro pretende imponerlos en el presente sobre el Congreso y, peor aún, sobre las cortes. En ese orden de ideas la institucionalidad es una canción de mariachis donde la palabra del presidente es la ley, como si las iniciativas gubernamentales debieran aprobarse a pie puntillas, sin debate y sin la posibilidad de revisión jurisdiccional.

Por eso advierte: “si la mayoría del congreso no quiere, la constitución sí quiere, el gobierno sí quiere y el pueblo de Colombia sí quiere. Y vamos a proceder haciendo, quizás, vericuetos, tumban decretos por aquí, tumban decretos por allá, pero el proceso de cambio es imparable”.

En otrora había adultos responsables cuya función en el ejecutivo era actuar como conciencia jurídica de la nación. Hoy en día los cargos parecen ocupados por bufones más interesados en fabricar los proverbiales vericuetos presidenciales que en proteger el ordenamiento jurídico. En este juego, donde el gobernante de turno pretende inventarse las reglas mientras avanza en sus cometidos, no queda de otra sino acudir a las instancias judiciales para evitar el desastre. Serán las cortes la última línea entre el delirio de un caudillo ensoberbecido y el respeto por el estado de derecho y la libertad.