En la madrugada del 13 de septiembre Enrique Vives Caballero embistió a siete transeúntes que caminaban, según los reportes de prensa, “pegados a la baranda en medio de la doble calzada” de la Troncal del Caribe.

Las pruebas demostraban que el conductor tenía grado tres de alcoholemia, el más alto, y, de conformidad con los testimonios, venía tan rápido que las víctimas “salieron volando como cartones” cuando las golpeó. Seis murieron de manera instantánea, entre ellos dos menores de edad y una mamá de tres niños pequeños.

Una tragedia mayúscula, sin duda, pero también un incidente que demuestra todo lo absurdo y enrevesado que pueden resultar este tipo de situaciones en un país como el nuestro.

En la noche del suceso el señor Vives Caballero se internó en la clínica Perfect Body de Santa Marta y se tomó una foto donde aparecía conectado a toda clase de aparatos y con una botella de energizante y una biblia a su lado. Mejor dicho, intentó desplegar una “Operación Rafael Uribe Noguera”, alegando que se encontraba psiquiátricamente alterado y que no podía acudir a la diligencia para resolver su situación jurídica.

Nadie le creyó, por supuesto, y a los familiares de las víctimas les tocó plantarse frente a la clínica para que no se consumara la maniobra, sin duda promovida por los abogados del acusado con la aparente complicidad del centro de salud.

Porque, hay que decirlo, la defensa penal en Colombia se ha convertido en un circo de tres pistas, donde los abogados -o abogangsters, en muchos casos- despliegan toda clase de conductas desleales e ilegales para lograr la impunidad de su cliente sin el más mínimo temor a una sanción profesional.

Más aún, los medios muchas veces les celebran estos desmanes: solo es escuchar el litigio radial de las mañanas, una verdadera jurisdicción electromagnética donde los penalistas se exhiben como si fueran vallas publicitarias humanas y avanzan sus causas en la alta corte de la frecuencia modulada.

El caso del señor Vives Caballero, por ejemplo, trajo consigo una patética discusión entre iniciados sobre el tipo de delito cometido, ridícula, como las discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos derrumban los muros de Constantinopla.

Al final, pase lo que pase, lo único claro es que no habrá justicia. Si el señor Vives Caballero es absuelto quedará mal la policía (que atendió la emergencia con cierta laxitud, según parece), la Fiscalía (que se dejó embrollar por los abogados) y la juez (que tomará una medida impopular). Sin olvidar que, por virtud de los apellidos del involucrado, quedará la sensación de que los poderosos están por encima de la ley.

Al contrario, si es condenado se le aplicarán las brutales normas sobre “conducción bajo el influjo del alcohol”, piezas maestras de populismo punitivo, que lo enterrarán en el infierno de las cárceles colombianas por los próximos 30 años, sin que los familiares de las víctimas logren, algún día, obtener sosiego por la inmensa tragedia ocurrida.