Tengo dos primos que son agricultores, uno cultiva arroz en los llanos orientales y el otro en el Huila. Ambos están sufriendo por los bajos precios del arroz y el alto costo de los insumos, situación que ha puesto a muchos de sus colegas al borde de la quiebra. El año pasado, valga decir, las cosas fueron muy diferentes. A pesar de la pandemia el precio estuvo por las nubes y la devaluación del peso ofreció una protección a las importaciones, creando las condiciones para un aumento en las áreas cultivadas, especialmente en los llanos, razón por la cual existe en la actualidad una importante sobreoferta del producto.
Ambos son líderes sectoriales en su región y ambos han comentado sobre la situación arrocera. Mientras que el agricultor de los llanos solicita mayor coordinación, planeación e intervención del estado para regular las siembras, afirmando que “faltan políticas”, el otro -el agricultor huilense- afirma lo contrario. Para él, el problema arrocero no se debe a la falta de políticas estatales sino al exceso de ellas. El gobierno, en vez de ayudar hace que las cosas sean peores al “distorsionar con los incentivos el sistema de precios y premiar a los ineficientes”.
Lo único claro hasta el momento es que el Gobierno tiene en sus manos un problema arrocero. Como están las cosas el presidente no aguanta un papirotazo y menos un paro agrario. Por lo tanto, la orden al ministro debe ser la de enterrar el problema en plata hasta el próximo 7 de agosto.
Esto quiere decir que continuarán los incentivos al almacenamiento del grano, es decir, una especie de precio mínimo y garantizado de compra, lo que les salva el pellejo a los llaneros, pero no resuelve el problema, sino que lo patea para adelante. En este momento los molinos están arrendando bodegas a dos manos para almacenar los excedentes de arroz, lo que garantiza precios bajos, por lo menos, durante los próximos 12 meses.
En este caso el Gobierno haciendo más hace menos, aunque no quiere decir que se deba dejar la actividad agropecuaria a los vaivenes de un mercado plagado de imperfecciones. Existen imperativos de seguridad alimentaria que ameritan la intervención estatal para asegurar el suministro del producto a precios razonables. Para empezar, el mercado arrocero es un oligopsonio, donde hay muy pocos compradores; el arroz de contrabando se usa para el lavado de activos (no es sino ver la espectacular productividad de algunos “arroceros” del Putumayo) y la importancia social del cultivo en muchas zonas es indudable.
No toda la intervención estatal es buena, pero la ausencia total de ella puede ser peor. Quizá, en vez de crear nuevas imperfecciones como las generadas por el incentivo al almacenamiento el Gobierno debería meterse de lleno en el problema de los insumos. Desde que perdimos nuestra capacidad productiva de fertilizantes -teniendo en el país la materia prima-, por arrodillarnos en el altar de la globalización, esto se ha convertido en la cruz de todo el agro. La solución, en últimas, no es más o estado o menos estado sino mejor estado.