Son datos y hay que darlos: el proceso de paz logró la desmovilización de 13.934 excombatientes, de los cuales el 93.1% están cumpliendo con su proceso de reincorporación; las Farc entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de seis meses; 9.819 ex combatientes se han sometido a la JEP para ser juzgados y sancionados. Los cabecillas de la organización han sido imputados por su promoción del secuestro como crimen de guerra y lesa humanidad. Dentro de poco la responsabilidad se extenderá al reclutamiento de menores.
Entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%, los ataques contra la infraestructura en un 81.2% y los asesinatos de miembros de la fuerza pública en un 92.1%. En 2017 tuvimos una tasa de homicidios de 24.8 por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja en 30 años.
La Farc, el principal factor de desestabilización económica y política del país durante más de cuatro décadas, dejaron de existir hace cinco años. Y todo gracias a un proceso de paz, imperfecto quizás, pero real. El mejor acuerdo posible, como dijo en su momento el jefe negociador del gobierno. O, por lo menos, el mejor acuerdo de paz de los muchos que se han firmado en Colombia y, según los observadores internacionales, uno de los acuerdos más completos, rigurosos y ecuánimes de los que sean han celebrado en el planeta.
Sin embargo, a pesar de su éxito evidente poco se celebra este fin del conflicto con las Farc. El acuerdo firmado en 2016 fue la consecuencia final, lógica y deseada de las políticas públicas de los gobiernos que antecedieron a Santos. Empezando por el de Pastrana, quien intentó una negociación que fracasó por la improvisación del gobierno y por la arrogancia de la guerrilla, pero que permitió el fortalecimiento de la fuerza pública a través del Plan Colombia.
Paradójicamente, fue este el que permitió, por un lado, el ascenso de Uribe -políticamente impensable en otras circunstancias- y por el otro, el arrollador triunfo de la seguridad democrática en los años siguientes (con Santos de ministro de defensa) lo que llevó a la derrota militar de las Farc.
Ausente en la narrativa oficial del uribismo, -centrada obsesivamente en la seguridad democrática- es el esfuerzo del expresidente en lograr la paz negociada con los actores del conflicto. Primero con los paras, paz obtenida con una altísima dosis de impunidad, y luego con las mismas Farc, con quien se tuvo un constante diálogo secreto donde se llegó a hablar de zonas de despeje y amnistía general. Fue este embrión de negociación el que Santos recogió en 2010 y que, con habilidad y convicción, logró sacar adelante en un esfuerzo de dimensiones titánicas.
Lo triste del asunto es que, por mezquindades personales y por cálculos electorales miopes, los predecesores de Santos no se hubieran atribuido por lo menos una parte de los laureles del proceso de paz de 2016, del cual fueron partícipes, por lo menos indirectos. Aunque, al final del día, la paz no será de Santos o de uno u otro de los expresidentes, sino de todos los colombianos.