Ondeando banderas del M-19 los manifestantes cercaron el Palacio de Justicia, introduciéndose en sus instalaciones, esta vez para conminar, con su presencia intimidatoria, a los magistrados para que escogieran a la nueva Fiscal General de la Nación.

Hace casi 40 años lo habían hecho de otra manera. Asesinaron a un par de vigilantes y se internaron en las instalaciones del edificio para hacerle un juicio político al Presidente de la República. La pantomima fue abortada por una sangrienta retoma que culminó, como ya sabemos, en la inmolación de una docena de magistrados y en la quema de buena parte del acervo probatorio en contra de los principales narcotraficantes del país -cortesía de los acuerdos entre la dirigencia de la organización guerrillera y los capos del cartel de Medellín-.

Nada de raro tiene que la Corte Suprema de Justicia se tome su tiempo para elegir fiscal, las interinidades suelen durar meses y hasta años. Pero esta vez el Primer Mandatario parece tener un afán inusitado. ¿Será porque su hijo está siendo procesado por lavar activos que acabaron en las arcas de la campaña presidencial y que, de confirmarse la sospecha, llevaría presos a sus principales directivos?

Las normas cambiaron en 2017 y es un delito la violación de los topes, la cual, además, acarrea la nulidad de la respectiva elección.

Al burro se le ven las orejas cuando Petro sale a los cuatro vientos a anunciar que se fragua un “golpe blando” en su contra. Inclusive hasta engatusó al ingenuo Secretario General de la OEA con el cuento.

La tesis del “golpe blando” que tanto cacarean es una majadería. Para la oposición no tiene ningún sentido tumbar a un gobierno que no gobierna. Resulta más práctico esperar dos años y medio a que el petrismo implosione gracias a su propia incompetencia.

De todas formas, la acusación de la supuesta ruptura institucional tiene un ángulo más siniestro. Quienes la pueden estar pensando en serio no serían los contradictores del gobierno sino sus acólitos. Para estos propósitos solo tienen que fabricar su propio incendio del Reichstag y la elección del nuevo fiscal parece proveer la oportunidad adecuada.

Como lo demostró La Silla Vacía, desde las cuentas de las redes sociales petristas se alentó la acción de las hordas que secuestraron -perdón, “cercaron humanitariamente”- a los magistrados. El llamado presidencial a tomarse las calles para imponer la agenda gubernamental sobre cualquier cortapisa institucional que se pueda interponer en el camino debería encender todas las alarmas.

En estos momentos el leitmotiv es la elección del fiscal pero mañana será cualquier otra cosa. Las horrendas reformas en enmermelado trámite, la llamada paz total o una futura decisión judicial que disguste las delicadas sensibilidades presidenciales serán excusa suficiente para movilizar a los soldados de asalto del régimen. Suplantar las instituciones constitucionales por la dictadura de la calle, como lo ha propuesto el presidente en numerosas ocasiones, no es un exceso retórico sino una clara amenaza al Estado de Derecho que debe ser tomada muy en serio.