El caso de Andrés Felipe Arias es una gran paradoja plagada de pequeñas paradojas, uno de aquellos eventos relativamente insignificantes que adquieren la importancia de la causa célebre, algo así como nuestro propio caso Dreyfus.

La primera es que, en el imaginario colectivo del uribismo, las cuitas de Arias se deben a las maniobras santistas para sacarlo de taquito de la contienda electoral de 2010, lo cual es paradójico, porque la que sacó a Arias de taquito fue Noemí Sanín, no Santos, cuando, inesperadamente, le ganó por voto finish la consulta interna del conservatismo.

Para ese entonces, el 14 de marzo de 2010, ya el escándalo de AIS había amainado; Arias había salido triunfante del debate de control de político en el Congreso y su campaña a la presidencia iba a todo vapor. Lo que me lleva a la segunda paradoja del caso: quien realmente descarrila la carrera política del exministro y lo pone a transitar el calvario judicial es Alejandro Ordoñez, procurador de la época y hoy aliado del Gobierno, quien lo destituye e inhabilita por 16 años, una sanción que marca la pauta para lo que vendrá después.

Lo que viene después es una barbaridad. Arias acaba condenado por la Corte Suprema a 17 años de cárcel por peculado a favor de terceros y se fuga del país, alegando que no tiene garantías. Lo cual constituye la tercera paradoja: Arias no se robó un peso y es muy posible que los otros beneficiarios de AIS tampoco; un programa de subsidio a los ricos puede que sea odioso, pero no es criminal.

La cuarta paradoja es que el sistema que empezó ofreciendo la máxima garantía acabó siendo de mínima garantía. La Corte Suprema acabó metida en estos temas cuando la inmunidad parlamentaria fue sustituida en 1991 por el juzgamiento de aforados en única instancia en el máximo tribunal, lo que se suponía ofrecía las máximas garantías.

Estas funciones fueron claves en el proceso 8.000 y en la parapolítica, pero los cuestionamientos morales a la Corte en los últimos años y las decisiones de las instancias internacionales hacían insostenible un esquema de juzgamiento sin doble conformidad.

De ahí el Acto Legislativo No.1 de 2018, que es la quinta paradoja de esta historia. Esta reforma constitucional, promovida por Santos y aprobada durante su gobierno, creó la sala especial de primera instancia en la Corte, que es lo que dio pie para considerar tutelas como la presentada por Arias a la Corte Constitucional para exigir la revisión de su desproporcionada condena.

Y la paradoja final: la tutela de Arias, que fue su último cartucho para no pasar la mitad de su vida en la cárcel, cayó en manos de Diana Fajardo, magistrada elegida con la oposición certera del uribismo por su simpatía con el proceso de paz. La sentencia de Fajardo le abrirá paso a la revisión de la condena de Arias y de muchos otros alfiles del uribismo que habían sido daño colateral del pulso político entre el expresidente y la Corte Suprema. Al final del día, es cierto, nadie sabe para quién trabaja.