Uno de los argumentos más populares para justificar la objeción a la ley estatutaria de la JEP es que Duque no estaba obligado a respetar ninguno de los compromisos del Estado adquiridos por Santos porque el no había ganado el plebiscito.

Este raciocinio parece haber hecho carrera entre aquellos que insisten en hacer trizas los acuerdos con las Farc y su fuerza descansa en el hecho de considerar que, ante la derrota del sí, lo negociado en La Habana carece de legitimidad política y, en consecuencia, de soporte legal.

Sin embargo, como ocurre con este tipo de argumentos, su lógica es errada porque parten de una premisa fáctica equivocada. Se les olvida convenientemente que en realidad hubo dos acuerdos de La Habana, el primero firmado en Cartagena, que fue sometido a plebiscito, y el segundo, firmado en el Teatro Colón, que fue ratificado por el Congreso.

La legitimidad política de este segundo acuerdo -que es el que está vigente- la otorgó la incorporación de la mayoría de las objeciones del No al nuevo texto, mientras que su vida legal fue conferida por el trámite legislativo y por numerosas decisiones de la Corte Constitucional.

Este pequeño recorderis es pertinente por dos razones. La primera, porque la supuesta ilegitimidad de los acuerdos es el caballito de batalla sobre el cual cabalgan los extremistas de derecha para desconocer lo acordado. La segunda, porque la decisión que tomó el presidente Santos en la noche del 2 de octubre de continuar el proceso, a pesar del traspiés electoral, es uno de los actos de decisión política más audaces y valientes de la historia reciente, no solo en Colombia sino en el mundo.

De no haber sido así se hubiera cerrado la posibilidad de una solución negociada al conflicto interno y estaríamos hoy en día reviviendo la tragedia diaria de una guerra interminable.

En Gran Bretaña, el gobierno sometió a decisión popular la permanencia en la Unión Europea y, por razones parecidas a las colombianas que no es del caso explayar, fue derrotado. David Cameron renunció y su sucesora, la señora May, en vez de plantear de inmediato los términos de un nuevo acuerdo que en efecto lograra mantener a su país en el marco europeo, titubeó, y por darle gusto a los radicales de su partido propuso una fórmula de salida insatisfactoria para todos. El resultado ha sido una empantanada de tal magnitud que lo que está en riesgo ahora no es la pertenencia a Europa sino la existencia misma del Reino Unido.

Decisiones para complacer a la galería, como la objeción de la ley estatutaria de la JEP, podrán dar réditos políticos al corto plazo, pero tendrán serias consecuencias en el largo. Por ahora, la mano dura le sirve al gobierno para recuperar el nivel de popularidad en las encuestas, pero el costo será la erosión en la credibilidad del Estado y la dificultad en nuevas negociaciones futuras. El presidente, que es estudioso de estos temas, debe recordar que el liderazgo político consiste en hacer lo correcto y no en hacer lo que es popular o fácil.