Las opiniones sobre el decreto que exime del pico y placa en Bogotá a quien pague una suma de dinero no se hicieron esperar: “beneficia a la gente de plata y no al pueblo”, dijeron unos; esta diseñado “para gente con la capacidad económica de hacer esos pagos”, afirmaron otros; “que la ley sea para todos”, fue la opinión más difundida.

Mejor dicho, el decreto ha generado gran indignación y, por supuesto, en Colombia, siendo un país de abogados, la norma fue demandada porque, supuestamente, viola el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución.

En los mentideros jurídicos, las apuestas en contra del decreto van 10 a 1 por la nulidad. Es raro el profesor de derecho constitucional que no haya pontificado sobre su inconstitucionalidad; el derecho a la movilidad, afirman, no se puede supeditar a que unos tengan dinero para circular en su vehículo automotor y otros no.

Pero esta apreciación, como muchas de las que pululan en el análisis constitucional colombiano, es a la vez ingenua, superficial e incompleta. Al basarse en silogismos legales (la restricción es para todos, el que paga no tiene restricción, ergo, la restricción no es para todos, que es igual a afirmar que no hay igualdad), no logra abarcar todos los elementos, la mayoría económicos y comportamentales, que se deben considerar para evaluar una política pública.

El status quo -el del pico y placa actual- es el verdaderamente inequitativo, porque solo los ricos, aquellos que pueden disponer de un blindado o de $50 millones para comprarse otro carro, son quienes están de facto eximidos de la medida. El profesional independiente, el maestro de obra, la profesora o la Pyme familiar no tienen ese dinero y se ven obligados a parquear su vehículo.
En cambio, con el decreto, la suma para usar el automóvil se reduce a $4 millones anuales, que parece un punto óptimo para evitar el uso innecesario, pero suficiente para permitir que un pequeño empresario pueda asumir el costo. Además, se le pone una carga a los blindados (que son los de los ricos) y el Distrito se mete al bolsillo casi medio billón de pesos que puede invertir en mejorar la movilidad.

El ataque al decreto del pico y placa es un buen ejemplo de cómo se abusa del derecho para perpetuar la inequidad. En un giro orwelliano se esgrime el derecho a la igualdad para consolidar una situación de privilegio, con las cortes y la comunidad jurídica haciendo el papel de idiotas útiles. Pero no es, de lejos, el único caso.

La acción judicial que paró el Transmilenio por la Séptima es otro buen ejemplo. Aunque les dé urticaria, los operadores judiciales y los abogados deben salirse de su zona de confort y empezar a analizar los asuntos legales más allá del inciso, aplicando métodos económicos y comportamentales que les permitan tomar decisiones jurídicas más efectivas. Para algunos esto será un anatema, pero es fundamental para entender que las normas muchas veces no son los que parecen.