La semana pasada se publicó en la revista Semana una encuesta donde Iván Cepeda perdía la segunda vuelta presidencial contra todos los demás candidatos. La izquierda de inmediato salió a demeritar la encuesta y la encuestadora, alegando que la metodología era ilegal porque se trataba de un sondeo y no de una encuesta y que, de todas formas, el sondeo estaba mal hecho.

Hace unos días se publicó otra encuesta donde Cepeda ganaba la segunda vuelta contra todos los candidatos. Las criticas esta vez vinieron de la derecha, la cual cuestionó a la encuesta y a la encuestadora por razones similares. Algunos inclusive la calificaron de un “adefesio metodológico”.

Valga decir que las dos encuestadoras, AtlasIntel y GAD3, respectivamente, son de primer nivel. Su profesionalismo y experticia se ha demostrado una y otra vez en elecciones a través del mundo. ¿Por qué entonces la divergencia?

Lo primero tiene que ver con la ley mordaza (Ley 2494) que distorsionó los parámetros metodológicos que tradicionalmente usaban las encuestas en Colombia. Además de establecer una veda a la información -de dudosa constitucionalidad- le dio por meterle la mano a las muestras, como si incrementar los tamaños y la distribución fueran garantía de calidad. Esto hizo que las encuestas fueran mucho más costosas y difíciles de hacer. En vez de homogenizar, ahora cada encuestadora interpreta la norma como se le parece.

Por otra parte, los políticos deben aprender a diferenciar el orden de los factores: las encuestas no definen las campañas, sino que las campañas definen las encuestas. Los apoyos ínfimos en las mediciones no se deben a la maldad de los encuestadores sino a la insuficiencia del candidato. Los números cambian cuando cambian las circunstancias. El que está arriba puede caer; el desconocido puede sobresalir. Las coaliciones definen y las consultas también. Habrá escándalos y revelaciones. Se conocerán las propuestas y los electores evaluarán la personalidad de los candidatos.

Mejor dicho: la política importa. De eso se trata, de que la campaña sirva para que los electores conozcan a sus candidatos.

La divergencia entre encuestas no es tan grande como parece. Hay por lo menos una cuarta parte de los electores que aún no han tomado una decisión. Cepeda no sube más de 30%; Abelardo tiene un poco más de 20%. La llamada Gran Consulta se acaba de lanzar. Sacará más de cuatro millones de votos el 8 de marzo. Esto pondrá a quien la gane arriba en 15% o más (a los que lo duden: por esta época en 2018, antes de su consulta, Duque tenía 6%). Esos dos tiquetes del balotaje se van a repartir entre tres.

Sobre todo, es importante tener en cuenta que cualquier medición de segunda vuelta es chimba. No es posible conocer la segunda derivada si no se tiene el resultado de la primera. La mayoría de la gente en Colombia se identifica como de centro derecha o de derecha; a pesar del torrencial gasto público y la irresponsabilidad populista del gobierno no parece que les hubiera servido de mucho. El escenario de Chile es una clara posibilidad. Trabajemos para que sea una realidad.