Las encuestas están mostrando una creciente preocupación de los colombianos con la corrupción en los asuntos públicos, inclusive por encima de problemas recurrentes como el desempleo y la inseguridad. Tienen toda la razón.
El presente gobierno pasará a la historia como uno de los más corruptos de que se tenga memoria. Así lo atestiguan escándalos como la financiación ilegal de la campaña de Petro, la Ungrd, Ecopetrol, Marelbys, la UNP, las intervenciones de las EPS y muchos más que por ahora se rumoran y otros que estallaran como bombas fétidas en los próximos meses.
En las circunstancias de anormalidad cotidiana que suelen rodear a los gobiernos nacionales los sucesos judiciales de los últimos días hubieran hecho temblar los cimientos de cualquiera de los mandatos anteriores: una fiscal ha develado una conspiración que compromete al más alto nivel de la Casa de Nariño en una operación de soborno al congreso que puede llegar a más de medio billón de pesos. Unos US$100 millones.
En contexto los más sonados escándalos del pasado palidecen. A Samper lo acusaron de recibirle US$6 millones al Cartel de Cali. Durante el gobierno de Pastrana, Dragacol, -que fue una maniobra de unos criminales para engañar a funcionarios que obraban de buena fe- no sumó los US$5 millones. Chambacú fue un no-escándalo. Los escándalos de la administración Uribe no fueron dinerarios. Y Odebrecht, en total, supuso coimas por unos US$8 millones y unos aportes no registrados a campañas políticas, muchísimo menos dinero que el repartido por la empresa en otras latitudes del continente.
La idea, obviamente, no es trivializar estos deplorables sucesos. Como diría Mockus, los recursos públicos son sagrados. Por eso mismo sorprende el teflón que tiene Petro para que le resbalen las acusaciones que recaen en contra de sus más cercanos colaboradores. El presidente, ante cada nueva revelación, responde con histriónicos discursos donde se desdobla de sus responsabilidades. Los hechos siempre son a sus espaldas, o son ejecutados por infiltrados de la clase política, o son traiciones a la confianza, mientras él permanece impávido.
No importa que Petro sea el beneficiado de los desafueros. La plata que Nico Petro confiesa haber recibido de conocidos mafiosos era para la campaña de su padre. La UNP se convirtió en la empresa logística de la mafia. En las EPS intervenidas cambiaron los interventores porque no les colaboraban a los buitres del negocio de la salud. Olmedo no era un aparecido en el petrismo. Llevaba en el movimiento décadas y el esquema de extracción de miles de millones para aceitar maquinarias parlamentarias involucra a los dos ministros más importantes del gabinete, a la alta consejera de regiones y al secretario general de la Presidencia. Más alto no se puede.
El teflón de Petro en algún momento se empezará a rasgar. No solamente porque el tamaño de la corrupción es inmenso. Sino porque que, en la medida en que se agote el mandato, la rapiña será aún más vulgar.