“Interesante” puede ser una palabra para describir el pacto firmado por el presidente del gremio de los ganaderos y el Gobierno Nacional para que este último adquiera de los primeros la suma de tres millones de hectáreas para repartirlas a los campesinos.
Los medios de comunicación han sido rápidos en concluir que se trata de un gana-gana, donde los ganaderos se quitan de encima el espectro de una expropiación forzosa -y las invasiones de tierras- y el gobierno se ahorra el inmenso desgaste político de una reforma agraria a las malas, con todo el potencial de conflictividad y violencia que una maniobra de estas acarrea.
Quizás tengan razón y este acuerdo entre dos antagonistas, el presidente Petro y el doctor Lafaurie, sea una pragmática solución a lo que parecía ser un entuerto de imposible desenredo. O, quizás, acabe siendo una simple sesión fotográfica donde dos contrincantes políticos posan para las cámaras anunciando un maravilloso hito para acabar luego en enormes decepciones, algo parecido a lo que ocurría con esos gigantescos cheques de cartón que los presidentes le entregaban los alcaldes de Bogotá para demostrar su compromiso con la construcción del metro de la ciudad.
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por ahora lo único que hay es una manifestación de buena voluntad política suscrita donde dos partes se comprometen a realizar esfuerzos para lograr unos objetivos. Sin embargo, todavía quedan muchos escollos por salvar, algunos de ellos probablemente infranqueables.
Para empezar la iniciativa ha tenido críticos de peso provenientes del mismo flanco izquierdo del gobierno. Gonzalo Sánchez anotó que le preocupaba que “a la luz del debate actual de tierras el despojo se pueda convertir en inversión”, mientras que voces tan autorizadas como la de Alejandro Reyes Posada le han recordado al gobierno que los programas previos de reforma agraria extinguieron el dominio de dos millones de hectáreas sin grandes erogaciones de dinero, mientras que Juan Carlos Flórez coloca como costo potencial de la iniciativa la exorbitante suma de sesenta billones, que vendrían a ser algo así como cuatro reformas tributarias de las que se acaba de aprobar.
Hay, sin duda, un elemento de “Nixon en China” en todo esto. Así como solo Nixon podía acometer la restauración de relaciones con la China porque sus credenciales anticomunistas eran impecables, solo Lafaurie, con credenciales anti-izquierdistas impecables podía ofrecerle a Petro la venta de semejante cantidad de tierra sin quedar como un entregado. Y, por su parte, solo el senador Cepeda con sus pergaminos marxistas sin tacha podía poner sobre la mesa semejante cantidad de billete sin que lo tildaran de regalarle plata pública a los capitalistas.
Ya veremos qué pasa en los próximos meses, pero siempre habrá para los críticos un simple consuelo: la incapacidad de ejecución del Estado colombiano es abrumadora. Si a duras penas es capaz de construir un andén o repartir un subsidio no se ve cómo logre hacer en cuatro años la reforma agraria que no pudo hacer en 50.