Hace unos días un juez civil en la Argentina ordenó mediante amparo -el equivalente de nuestra tutela- que el Sanatorio Otamendi y Miroli suministrara dióxido de cloro, es decir, blanqueador de ropa, a un paciente de covid. La terapia había sido indicada por el neurocirujano del paciente en contra de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología. Sin embargo, el juez en lo civil Javier Pico Terreno, atendiendo el deseo de la familia, concedió la medida. El hospital, bajo protesta, se vio obligado a inyectarle la sustancia al paciente lo que resultó, como era de esperarse, en su pronto fallecimiento.

Este lamentable incidente bien hubiera podido ocurrir en Colombia y que sea una lección. No sería la primera vez que nuestros jueces se lanzan como ingenieros, sociólogos antropólogos, economistas y, por supuesto, como internistas, oncólogos, cardiólogos y ortopedistas para ordenar, mediante decisiones judiciales, toda clase de tratamientos médicos.

Como lo hemos dicho varias veces en esta columna, la invasión por parte de la rama judicial de las competencias de otras dependencias del Estado es inconveniente, cada loro debe estar en su estaca. Igualmente es inconveniente el activismo judicial, esa perniciosa práctica importada, que busca reemplazar con expeditas decisiones judiciales, proferidas por funcionarios sin legitimación popular, controversiales políticas públicas.

Ahora que el programa de vacunación está por comenzar los jueces empiezan a aceitar la rémington y a desempolvar el bloc de papel oficio para recibir la tutelatón que se viene encima. Por esta razón el gobierno se reunió recientemente con los magistrados de la corte constitucional para explicar cómo, cuándo y dónde se suministrarán las vacunas y para evitar que se abuse de la tutela para, básicamente, colarse en la fila. Esta preocupación -desestimada por algunos activistas de las tutelatones, quienes se rasgaron las vestiduras por una muy institucional reunión entre el presidente y los magistrados- es legítima.

Como el rey Canuto, quien le ordenó a las olas de mar que cesaran de golpear su trono, para los promotores del activismo judicial no existe límite en lo que el Estado puede hacer, aunque la realidad, siempre tozuda, es otra. Por mucho que se gasten ríos de tinta en tutelas el suministro de vacunas será limitado y, por esa razón, será necesario fijar prioridades, como propone el plan del ministerio de salud. Promover una política de laissez faire en materia de vacunación, que sería el resultado de un desmadre en las tutelas, es no solo ingenuo sino irresponsable.

El juez, al asignar derechos ilimitados cuando existen recursos limitados, como en el caso de las vacunas de covid, no puede hacerlo sino con base en el orden de llegada, es decir, que el primero que tutela es el primero que recibe. Esto, en últimas, equivale a asignarlos al más rápido, al más fuerte, al más macho, al mejor conectado o al que tiene el mejor abogado. El amparo constitucional no siempre es un rayo de luz angelical, algunas veces puede ser disparo en la oscuridad.

Nota al pie: Han muerto Carlos Holmes Trujillo, Julio Roberto Gómez y Marcela Monroy. Tres ejemplares colombianos a quien tuve la fortuna de conocer. Serios, ponderados y sobresalientes. También la pandemia nos ha quitado a más de 50.000 colombianos y casi dos millones y medio de personas en todo el mundo. Paz en su tumba.