Todo parece indicar que esta será la semana de los paros. Han anunciado su movilización los maestros, los campesinos y los estudiantes. Todavía no han dicho nada las comunidades afro-chocoanas, las dignidades cafeteras y los indígenas caucanos, a quienes pronto veremos en acción: nunca se han perdido la quemada de una llanta.

El presidente Duque, de talante ponderado y conciliador, ha pedido que se dialogue con los marchantes. Hace bien. Hay que escuchar y tratar de entender los problemas de las comunidades y los grupos de interés. Es el deber del Gobierno explicar las razones por las cuales toma las decisiones que toma y, en la medida de lo posible, debe ofrecer alternativas y buscar puntos de encuentro.

Siguiendo instrucciones, se emprenderán maratónicas jornadas de diálogo para evitar que el país se paralice. Primero en los despachos oficiales y con la presencia de funcionarios técnicos, luego con los ministros del ramo y después con los ministros de varios ramos. Pero no será suficiente. Pronto los diálogos se trasladarán de las cómodas oficinas bogotanas al “territorio”. A la vía Panamericana. A Garzón, Huila. A Villapinzón y al Pacífico nariñense. A Quibdó y, por supuesto, a las estaciones de Transmilenio, que atraen a los vándalos como la miel a las moscas.

Pero todo será infructuoso. No porque el Gobierno no quiera acceder a las peticiones de los marchantes. Algunas son razonables. No hay derecho, por ejemplo, a que la vía Medellín-Quibdó siga en obra después de 50 años. El bienestar de los cafeteros es un imperativo macro social y las universidades públicas se están desmoronando. Tampoco será siempre un problema de plata. Muchos programas están financiados, como el de chatarrización o la salud de los maestros.

El Gobierno -y la opinión pública- deben entender que las protestas sociales convocadas no son para pedir algo sino para hacer algo. Su objetivo es lograr un hecho político, no una reivindicación específica, así sea dineraria. Un ejemplo: Ser Pilo Paga se fagocitó el presupuesto de inversión de la universidad pública lo que motivó una justa protesta de los rectores. Cuando Duque anunció que el programa se restructuraba estos, que saben lo difícil que es ejecutar recursos públicos, aceptaron el arreglo. Pero los estudiantes no. En verdad, ellos no quieren una mejor infraestructura, algo que se dará en el mediano plazo, sino que quieren una causa política. Una causa política que empuje una agenda política con miras a unos resultados políticos en octubre del año entrante y en 2022.

Aquí no estamos frente a it’s the economy, stupid, la famosa frase que llevó a Clinton a la presidencia. Estamos frente a it’s politics, stupid. Este es un problema de política, no de economía, de dinero o de buena voluntad. La avalancha de paros que se anuncia tiene motivaciones políticas explícitas y está liderada, en buena medida, por quienes perdieron las últimas elecciones.

El Gobierno no se puede dejar acorralar. Prescindir de la mermelada no quiere decir que deba prescindir de la política. Y la ineptitud política no se puede excusar argumentando que cualquier acuerdo político es una componenda ilegitima.

Le urge al Gobierno intentar una nueva coalición, que puede o no ser partidista, que le asegure respaldo. De lo contrario, los paros que se vienen no se acabarán negociando en el Tambo o en Timbiquí sino en el salón Obregón del Palacio de Nariño.