Hay una gran controversia ciudadana en el mundo: Cómo se deben resolver los problemas de un país. O desde el Gobierno Central; o de una manera más eficaz, desde las autonomías regionales. La preferencia de la ciudadanía está en favor de las autonomías regionales y en crear modelos nuevos de federalismo moderno.

Contrario a cómo va el mundo, Colombia ha sufrido un severo proceso de recentralización que es fracaso probado. La Constitución del 91 dio la orden descentralizar, pero el gobierno nacional no la ha acatado. Colombia conserva un recaudo tributario concentrado. De cada $100 de impuestos en Colombia, $82 van para el Gobierno Nacional, $13 van para los municipios y $5 van para los departamentos.

Con el Sistema General de Participación (SGP) ocurre el mismo proceso recentralista. En 1991, municipios y departamentos recibían 31,5% del Sistema General de Participaciones y venían creciendo en una curva que hoy sería de 46,5%. No obstante, con argumentos engañosos, el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso lo que hoy son las leyes 01 de 2001 y 04 de 2007 que recortaron los recursos a las regiones. El engaño se argumentó en la mentira técnica que los aportes territoriales iban a aumentar; pero la realidad comprobó el engaño. Estas normas estafaron a las regiones y deberían ser revocadas.

De no haberse aprobado los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los recursos del SGP representarían en este momento 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy, a duras penas, el SGP territorial llega a 28%, menos de lo que recibían las regiones antes de la constitución. Las reformas tributarias y las leyes aprobadas después de la Constitución, solo han generado mayor desequilibrio. El Estado centralista abusa descentralizando competencias a las regiones, pero no recursos. Ello explica el fracaso del Sistema General de Participación en su propósito de cerrar las brechas y desarrollar las regiones. “Hoy estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991” dijo Meisel como codirector del Emisor.

A pesar de los excesos del Centralismo, no hay un gobierno nacional boyante. Se observa un Gobierno Central casi quebrado. El endeudamiento de Colombia es el más alto de la historia. De tiempo atrás, se vienen modificando las reglas tradicionales del buen juicio financiero para endeudar y empeñar más a la Nación.

Es menester recordar, que con la ley 617 de 2000, con buen juicio, el Gobierno Central apretó a todos los municipios y gobernaciones para que limitarán sus gastos; y así, muchos municipios y departamentos por derrochones se fueron a ley 550 y aparecían como “quebrados”. Pero la Nación, en cambio. no hizo para sí obligatoria la austeridad en el gasto; la opinión en las regiones es que el Gobierno Central es un derrochón a costa del atraso de las regiones. Si las finanzas de la Nación se compararan con la de los municipios, la Nación estaría desde hace muchos años, en ley 550, o en “ley de quebrados”. Salva a la Nación, la odiosa potestad de meterle la mano a los bolsillos de los ciudadanos. La Nación cada que “se ve quebrada” hace una reforma tributaria. Todo lo que se pierda por burocracia, por evasión o corrupción se compensa por reformas tributarias sobre los mismos.

Hay que congelar los gastos de funcionamiento del gobierno central por 10 años. Se economizarían más de $20 billones en gastos de funcionamiento y se evitarían tantas reformas tributarias.

Es también necesario redistribuir los impuestos con sus dueños. En otros países, gran parte del IVA va en su totalidad para municipios y departamentos. Es obligante volver a que el SGP sea siquiera 50% para las regiones. El impuesto de ganancias ocasionales a las propiedades debe ir a los municipios, pues las propiedades y las tierras aumentan de precio por los desarrollos municipales. Y así.

Una buena pregunta. ¿En qué porcentaje del territorio colombiano tiene control el Estado? Antes de 2005, Colombia aparecía en la lista de países que tenían control en menos de 30% de su territorio (ONU).

En 2005, cuando Álvaro Uribe era presidente, Colombia salió de esa horrorosa lista. Hoy, estimo que en Colombia se gobierna o hay presencia del estado en menos de 50% del territorio. Y soplan malos vientos. En 2020, ONU dice: “Grupos armados en Colombia aprovechan la pandemia para ganar territorio”. Investigadores de la U. N. dicen: “Hay ciudades en las que el Estado tiene un control que no supera el 30 o 40% de la ciudad” Colombia tiene más territorio que Nación y más poder que autoridad.

Se tiene entonces un modelo de desarrollo, que de seguir igual, lo único que va a ofrecer a la gente es pobreza y violencia 100 años más. Mirar el país y la política solo como de derecha, de izquierda o de centro, es una forma de pensar vetusta, y sin esperanzas. Si se quiere una Colombia distinta hay que pensar diferente; es necesario explorar nuevos modelos de Gobierno y de desarrollo. Para pensar lo mismo sobra gente. Un federalismo moderno con autonomías regionales vigorosas es un camino nuevo para que haya presencia del Estado en todo el territorio; para construir una seguridad democrática reforzada que le devuelva la tranquilidad y el derecho a vivir sin miedo a los ciudadanos.

Hay que hacer una política diferente de paz, sustituyendo sin moralismos las 200.000 hectáreas de Coca por cultivos de cannabis medicinal, para terminar así con el narcotráfico y dignificar a los campesinos con legalidad, conectividad y vías campesinas pavimentadas. Seguir pensando la paz como una negociación eterna y enfermiza con bandidos, es una acción vetusta que no ha dado resultados.

Todos los que atentan contra la paz se alimentan del narcotráfico. Salgamos del viejo pensamiento de la derecha o de la izquierda o del Centro que solo han traído pobreza y violencia hace más de 100 años. Colombia federal con autonomías regionales es una novedosa estrategia para unir y salvar a Colombia.