La emergencia carcelaria declarada por el gobierno el 11 de febrero de 2024, fue resultado de una ola de asesinatos de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que solo en lo corrido del año ha cobrado la vida de seis servidores del sistema penitenciario.

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, afirmó que estos ataques contra funcionarios del Inpec eran debido a la efectividad de la operación Dominó, para desmantelar las redes de extorsión que operan dentro de las cárceles colombianas.

Sin embargo, las cifras del Ministerio de Defensa desmienten estas declaraciones. En Colombia, durante 2023, la extorsión aumentó en 5%. Un crimen que, por sus niveles de violencia sicológica y real que ejercen los delincuentes, tiende a no ser denunciado. Aun así, su registro aumentó de forma sensible.

La declaratoria de la emergencia carcelaria es una medida que debería incrementar las capacidades del Inpec para proteger a sus miembros y adquirir equipos para inhibir las señales de los teléfonos celulares que emplean las bandas criminales para cometer extorsiones y tener control sobre las estructuras delincuenciales que están operando en las ciudades del país.

No obstante, estas son solo medidas transitorias que estarían lejos de lograr que los centros carcelarios estén bajo el control de las autoridades y que sirvan para cumplir con la resocialización de los ciudadanos privados de la libertad.

El Ministerio de Justicia no posee una política criminal coherente, que permita cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional que en esencia indica que el sistema de penales no cumple con las condiciones de seguridad, salubridad, alimentación, alojamiento que lleve a la resocialización de los ciudadanos infractores de la ley.

El sistema penitenciario colombiano requiere nuevos penales que cumplan con estos requisitos que ordena la Corte Constitucional. No obstante, un gobierno ideologizado que cree que el criminal es una víctima del neoliberalismo; difícilmente tomará decisiones de fondo y, por el contrario, seguirá con una narrativa peligrosa para la sociedad que favorece al crimen organizado.

No es casualidad que varios de los guardianes asesinados pertenecieran a penales de la costa Caribe colombiana, donde está la influencia del Clan del Golfo. Tal como lo describe un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados han logrado la consolidación de territorios donde la Fuerza Pública no puede actuar debido a los ceses al fuego impuestos por la errática política llamada “Paz Total”.

En otras palabras, el Estado colombiano le ha entregado el control del territorio a los grupos armados y ahora estos cogobiernan con los entes territoriales. Es decir, alcaldes y gobernadores están a merced de estos criminales y orientan decisiones de política pública por medio de la presión que ejercen sobre los ciudadanos que habitan estos municipios.

Por lo tanto, lo que se vive en las cárceles es la consecuencia de una política de seguridad equivocada, que difícilmente puede armonizarse con una política criminal inexistente. Las cárceles colombianas van rumbo a una crisis como la que se vive en Ecuador, y que podría retroceder al país a lo ya vivido en la década de 1980.