La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió sus resultados sobre lo sucedido en el paro nacional. Siguiendo su prosa, llama la atención que este informe se sustente en 90% sobre pruebas testimoniales. Además, es curioso que un reporte que afecta de forma grave, las actuaciones del Estado y su Fuerza Pública, no presente pruebas técnicas.

La Cidh muestra el problema de las protestas a partir del estado de descontento generalizado, agravado por la pandemia que elevó la tasa de pobreza y desempleo. Posteriormente, recoge una sentencia de la Sala de Casación Civil donde se afirma que: “El Esmad es una amenaza seria a la movilización social”. Recoger este tipo de aseveraciones sin el contexto adecuado, no es acorde a lo que vivió el país.

Tanto así, que el propio informe muestra que tan solo en 11% de las protestas, se debió recurrir al Esmad. En ese sentido la Cidh, toma los testimonios de la ONG Temblores, la cual ha mostrado ser tendenciosa con las actuaciones de la Policía Nacional. Mientras, no cita centros de pensamiento con altos niveles de reputación por su rigurosidad en sus informes sobre el conflicto y la paz de Colombia.

Así mismo, recibe las críticas infundadas contra las cifras de la Fiscalía General de la Nación, y sus protocolos de trabajo e investigación en medio del paro nacional; pero de nuevo, la Comisión no aporta pruebas para demostrar las falencias del órgano investigador.

Solo se limita mencionar la discrepancia estadística de muertes y heridos, sin tener en cuenta que este subregistro entre instituciones del Estado, responde a los métodos de indagación. Una situación que se presenta en cualquier país, dado el sistema de pesos y contrapesos de una democracia.

En relación al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, recoge audios, videos y fotografías. En efecto el uso desbalanceado de la fuerza es una realidad, pero la Cidh incurre en errores de análisis, porque gran parte de estos excesos provino de los miembros de la Policía de Vigilancia, más no del Esmad, lo que indica un desconocimiento de la arquitectura institucional del cuerpo armado policial. Así mismo, menciona el vuelo de helicópteros de la Policía como una intimidación, cuando dichas aeronaves prestan servicio de patrullaje aéreo, identificando actos violentos, que permiten a las unidades en tierra de forma diferencial, neutralizar a los responsables.

El informe solo dedica 15% a la violencia ejercida por los actores que destruyeron la infraestructura pública, y atacaron a la Fuerza Pública. Lo que termina relativizando la violencia y el vandalismo ocasionado en el marco de las manifestaciones.

Finalmente, insistir en pasar el Esmad al Ministerio del Interior, es un error dadas las características de la macro criminalidad del país. La Cidh requiere mejor cualificación de sus funcionarios, para entender la relación de instituciones, seguridad, contexto del país y equilibrio técnico. Así como hay 1.106 civiles heridos, también hay 1.253 uniformados lesionados y una sociedad que estuvo sitiada por el crimen y la violencia, que merece el mismo tratamiento por parte de este organismo interamericano de derechos humanos.