El asesinato de una mujer, por su género, se cataloga como feminicidio. Estos brutales crímenes tienen correlación con la violencia proveniente del crimen organizado, delincuencia común, y mercados ilegales

Erika Aponte fue asesinada el Día de la Madre, en el centro comercial Unicentro, mientras laboraba en una pizzería. Su agresor Cristian Rincón, excompañero sentimental, le disparó dos veces y luego se suicidó.

Erika y otras 134 mujeres en todo el país, han sido ejecutadas miserablemente en lo que va del año 2023, sólo por su condición de mujer. Por su parte, durante el año 2022, hubo 619 casos según el Observatorio Colombiano de Feminicidios.

Cuando estos últimos hechos fueron reportados, por los medios de comunicación, las redes sociales altamente polarizadas por el debate político, llevaron a un sector de opositores del actual gobierno a culparlo del hecho, debido a sus políticas erráticas de seguridad. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro, acusó de politizar ese execrable acto.

No obstante, al analizar la evidencia, se muestra un panorama que generalmente pasa desapercibido. Primero, que la violencia homicida contra la mujer se incrementa, cuando la tasa de homicidios viene en ascenso. Ese, es el caso de Bogotá, que presenta 340 homicidios adicionales, lo que equivale a un incremento de 12% en los primeros cuatro meses de 2023, con relación al mismo periodo de 2022.

El segundo hecho, es que la extorsión, microtráfico, narcotráfico y minería ilegal, tienen una correlación con el feminicidio. Así lo estableció el Indicador de Violencias Unificado contra la Mujer (2020), de la Presidencia de la República. Una realidad que el Observatorio Colombiano de Feminicidios, termina ratificando al establecer que 56% de los verdugos, eran parte de bandas criminales, delincuencia común, o ejecutaron el homicidio bajo la modalidad de sicariato.

Dadas estas características, la Consejería para la Equidad de la Mujer, y la Vicepresidencia, deberían tomar acciones desempolvando los estudios realizados por el anterior gobierno, y actualizando la información para diseñar un mecanismo diferente al actual: “Ruta de prevención de violencia contra las mujeres”, porque es claro que el diseño institucional, no está dando los resultados esperados.

Erika, a pesar de haber recurrido a la ruta de protección, fue asesinada. Las alertas indican que van a suceder más feminicidios, en ciudades donde la tasa de homicidios viene en crecimiento, y hay una expansión de los mercados criminales.

La acción penal ante una amenaza de feminicidio es la medida más eficiente para proteger a las mujeres. Esto permite al sistema judicial, y a la policía, detener a un futuro agresor. Un gobierno que en todos sus documentos habla del enfoque de género; está obligado a salvaguardar la integridad de las mujeres de forma efectiva.

Vicepresidenta Francia Márquez, consejera Clemencia Carabalí, es apremiante que lideren la creación de un nuevo mecanismo de protección para las mujeres, que corren un inminente riesgo de ser asesinadas, aprovechando los estudios realizados anteriormente en la Consejería de la Mujer, para seguir contrayendo sobre lo construido, tomando decisiones basados en evidencia. El conocimiento salva vidas.