La Operación Perseo, lanzada por el Comando Conjunto Número 2 de Occidente, tiene como objetivo recuperar el control del corregimiento del Plateado. Su misión es despojar al Estado Mayor Central (EMC) de su dominio y reemplazar las economías criminales por proyectos productivos.

El EMC ha adoptado tácticas guerrilleras e infiltrado Juntas de Acción Comunal y Consejos Comunitarios. Hasta ahora, podrían haber carnetizado a 60.000 habitantes, lo que les permite obstaculizar a la Fuerza Pública mediante bloqueos y disturbios. Si sus demandas no son atendidas, recurren a la violencia. Según el Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2023 y 2024 se han reportado 502 asesinatos, 50 ataques terroristas, 70 secuestros y 30 desplazamientos. Estas cifras son alarmantes y reflejan la gravedad de la situación.

La geografía del Cañón del Micay complica las maniobras de los vehículos blindados M-1117 y el desplazamiento de la infantería ligera. Con ocho helicópteros caídos y 18 MI-17 fuera de servicio por falta de mantenimiento, las tropas operan con mayor lentitud. Esto limita el uso de artillería de precisión, lo que restringe el empleo de municiones sofisticadas que requieren sistemas de guía avanzados.

Durante la fase militar, la presencia de funcionarios civiles en operaciones genera problemas. Aún así, una comitiva gubernamental compuesta por seis ministros visitó el corregimiento del Plateado (Argelia-Cauca) para presentar la oferta institucional. Sin embargo, esta visita se vio empañada por cuatro errores críticos.

Primero, llevar a funcionarios de alto rango a una operación militar desvió recursos del Ejército y ralentizó las acciones, permitiendo que la estructura Carlos Patiño se replegara. Segundo, exponer a los ministros a un posible bombardeo de drones representó un riesgo que los comandantes debieron prever.

Tercero, los funcionarios llegaron sin un Plan de Reacción Institucional (PRI) que contemple líneas de intervención, presupuesto y prioridades. Esta omisión muestra una falta de estrategia para garantizar un impacto positivo. Cuarto, las imágenes de los funcionarios con cascos y chalecos tácticos contribuyen a la pérdida de la guerra narrativa, proyectando la incapacidad estatal. La foto de la viceministra Daniela Gómez y de Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), es el símbolo de la ineptitud. La primera debería haber formulado el PRI y coordinado la acción unificada del Estado, mientras que la directora del Pnis ha cumplido apenas 2,5% de las metas de 2024.

Las consecuencias de una política de paz sin coordinación, junto con la reducción de capacidades de las FF.AA., son evidentes. ¿Qué sucederá cuando sea necesario retomar el control del Bajo Cauca, Catatumbo, Pacífico Nariñense y Arauca? Lo ocurrido debería llevar a un aumento en la capacidad de las FF.AA. y a una reevaluación de la política de “Paz Total”, que solo parece alimentar el conflicto.

Es urgente rediseñar la arquitectura institucional del sector defensa para coordinar la acción social con la operación militar. De lo contrario, la ineptocracia será el símbolo de la derrota del Estado.