Un grupo de niños comienza su día de clases en algún municipio de Colombia, esperando, además de recibir clases, tomar su única fuente de comida. El colegio es público y cuenta con recursos de intervención, que el Gobierno Central ha establecido. Se ha descubierto que no solo basta suministrar el costo de la matrícula, sino que uniformes, útiles escolares y nutrición son barreras que impiden que los menores culminen su proceso educativo de manera exitosa, teniendo efectos sobre su futuro nivel ingresos. La escolaridad bloquea el acceso a grupos armados, reduce tasas de consumo de drogas ilícitas y embarazo adolescente. Sobre esas bases, se creó el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual busca suministrar alimentación balanceada, para que los pequeños estudiantes consuman fuentes de nutrientes óptimas que permita desarrollar sus capacidades cognitivas.

Sin embargo, el problema de tan acertada política pública surge en la forma como se opera el programa. En primer término, la descentralización del Estado indica que los recursos del PAE deben ser manejados por gobiernos regionales, bajo el supuesto que son los entes municipales los que conocen las necesidades de la región. Pero en un país donde las instituciones son débiles a nivel local, lo que termina sucediendo es que grupos de poder de estas provincias terminan apoderándose del presupuesto de alimentación escolar; derivando en situaciones como la del colegio Sagrado Corazón en Aguachica, cuando un video reveló la dieta escolar de los niños “beneficiarios” del programa, que estaba elaborada con alimentos de pésima calidad.

En ese momento, salieron las voces desde el Ministerio de Educación anunciando que la situación se corregiría, que tales exabruptos no volverían a suceder. Han pasado 20 meses desde aquellos hechos para descubrir que, en el presente, no solo son algunas instituciones educativas afectadas por el problema; no, ahora es todo el PAE de Cartagena el que presenta anomalías porque los contratistas facturan con sobrecostos por alimentación precaria e insuficiente. Esto sucede porque el Estado, en aras de perseguir la corrupción, termina estimulándola; ya que es tal la cantidad de exigencias para acceder a operar los recursos del PAE, que solo grupos de poder territorial poseen los medios para cumplir estas exigencias.

Así, la burocracia estatal termina eliminando la competencia, al mismo tiempo que transforma poderes locales en monopolios de contratación estatal, que bajo la figura de fundaciones, emplean recursos de reconocidos fortines políticos como prenda de garantía para respaldar las pólizas que exige la ley contratación pública. Se debería, por medio de planes piloto, entregar el manejo del PAE a los padres, aplicándole evaluaciones de impacto que midan la diferencia de manejar el programa de alimentación por contratistas versus progenitores.