Sorprende que Mauricio Cárdenas, cuyas capacidades le valieron el reconocimiento de mejor Ministro de Hacienda de América Latina, se aventure en iniciativas tan poco rigurosas como la de la capitalización de Telefónica Colombia (Coltel) de la forma en que se está planteando. Como quedó en evidencia en el debate de la comisión VI del Senado, Coltel está hoy en causal de disolución por su deficiente desempeño financiero.

El gran problema de la capitalización de $4,4 billones de parte de Telefónica España y de la Nación, que se tramita en el Congreso, es que le permite a Coltel utilizar los fondos producto de la capitalización sin restricciones, cuando se debe exigir que se asignen exclusivamente a disminuir la deuda que hay con los pensionados de Telecom. Al dedicar los fondos a disminuir el pasivo pensional, el Estado se quita de encima la obligación de responder por él si la operación local administrada por los españoles se vuelve a reventar financieramente. Y, si permite que Coltel utilice los fondos a su libre albedrío, puede repetir la historia de 2011, cuando el ministro Echeverri le inyectó $3,5 billones en recursos públicos que fueron devorados sin piedad ni retorno por la compañía.

Existen más razones para asignar los recursos de la capitalización de Coltel a disminuir el pasivo pensional de Telecom exclusivamente. Primero, utilizar casi la cuarta parte del recaudo anual de la reforma tributaria para capitalizar una filial de una multinacional, después del evidente efecto recesionista del incremento del IVA, es supremamente riesgoso para el grado de inversión del país. En contraposición, disminuir el pasivo pensional se consideraría un reemplazo de pasivos que no afectaría el perfil de riesgo de Colombia. Este solo factor debería despelucar al ministro Cárdenas, tan interesado en contener los costos de la deuda externa ante el complicado desempeño de la economía.

Segundo, al disminuir el pasivo pensional, la operadora abre capacidad de endeudamiento con el sistema financiero para fondear sus necesidades de capital de trabajo y una eventual adquisición de la ETB, que es lo que busca su administración. La ventaja es que, ante el sistema financiero, la administración de la operadora tendrá que invertir con un sustento serio de rentabilidad, lo cual da garantías al accionista minoritario de la compañía, la Nación.

De todos modos, para tranquilidad de los colombianos, la Contraloría debe exigir resultados en la administración de los recursos públicos e investigar conflictos de intereses aparentes que han generado pérdidas en Coltel, como el costo de directivos y expatriados, los contratos con empresas relacionadas y el fee pagado a la multinacional española, antes de que se apruebe la capitalización. 

Como alternativa a la capitalización sugerida y si Colombia quiere entrar a la Oecd, el Gobierno debe mantener una política consistente y considerar este extracto del Compes 3581 de 2016: “la Nación no debe mantener la propiedad sobre activos cuyos rendimientos son bajos, negativos o que no cumplen con los objetivos de la propiedad estatal. Cuando esto suceda, es necesario que el sector público se desvincule de su participación accionaria en dichas empresas para enfocar los recursos en inversión social con un mayor retorno para la sociedad”. Ante este direccionamiento y a pesar de la capitalización, vender la participación en Coltel es más que una opción para el Estado, ya es una obligación.