El país productivo que se esmera en prestar servicios y producir bienes para cada uno de nosotros debe estar de luto. Aquellos que con inquebrantable constancia madrugan a producir pan o se dedican sin excusas a sacar adelante una nueva empresa se deben estar preguntando si realmente vale la pena, si tanto esfuerzo es válido en un entorno tan complejo como el colombiano.

Primero, está la disposición de los colombianos a tener un mejor nivel de vida. Lo que parece evidente para muchos, que los habitantes de un país busquen mejores condiciones para sí y para sus hijos es discutible en el entorno actual. Cuando se es testigo, como lo fuimos en una semana, de que algunos conductores de vehículos de servicio público parando la ciudad porque se les aplica la ley con respecto a sus infracciones de tránsito, para que días más tarde estudiantes de múltiples universidades ataquen con sevicia instituciones y bienes públicos que les sirven bien como el Icetex o los buses del Sitp, se empieza a dudar sobre cuál es la meta de algunos de nuestros compatriotas.

La protesta de algunos, constitucionalmente válida, termina siendo criminal cuando infringe los derechos de los demás. ¿Cómo se puede justificar que a las personas con voluntad de trabajar les nieguen su derecho a desplazarse o los reciban a piedra? ¿La protesta de los conductores y los estudiantes contra el establecimiento es justificada? En el caso de los conductores es una solicitud, traída de los cabellos, para que no se aplique la ley porque va en contra de sus intereses particulares, con la consigna de si nos friegan a nosotros pues los fregamos a todos no dejándolos circular.

En el caso de los estudiantes, la protesta se inició por el escándalo de corrupción que involucra al exdirector de la Universidad Distrital Wilman Muñoz Prieto, acusado del mal uso de más de $10.000 millones. ¿Qué tienen que ver aquellos que producen o el mismo establecimiento en este acto de corrupción? ¿Por qué los estudiantes no encaminaron su protesta a la residencia del corrupto o a las instalaciones de Fecode, gremio que representa a los docentes? Claramente estamos ante grupos de población beligerante que han olvidado la importancia de la institucionalidad como guardiana del derecho a los demás, guiados exclusivamente por su punto de vista.

Segundo, está el cada vez más común castigo a la reputación de empresarios y trabajadores. Los empresarios son estereotipados como explotadores y corruptos, los trabajadores como serviles al sistema. Es increíble que aquellos que generan empleo y un futuro para muchísimas familias sean castigados socialmente por razones sin fundamento. Es cierto que algunos empresarios han participado en actos de corrupción, así como algunos estudiantes intentaron incendiar el Icetex, pero ¿esto los hace malos a la mayoría?

Afortunadamente, a pesar de las dificultades que le generan algunos desadaptados sociales, el país trabajador sigue adelante con el inquebrantable convencimiento de que produciendo bienes y servicios sacarán adelante a sus familias y contribuirán a un mejor entorno. Esperemos que algún día aquellos que les coartan sus derechos entiendan que lo primero es construir conjuntamente, atacando la corrupción donde está, castigando socialmente al que no contribuye a un mejor futuro y entendiendo que el país es de todos.