En alguno de los pasillos oscuros y transitados del Congreso yace una placa de mármol fría que grita en un silencio perplejo una cita de Guillermo León Valencia: ”No se debe gobernar contra la voluntad de un pueblo, cuando esta se expresa auténtica y soberana, por los cauces democráticos que la nación se ha dado”. Esta cita en tal recinto refleja la enorme responsabilidad de los padres de la patria en la aprobación del nuevo acuerdo de paz. 

Los partidos políticos, de gobierno y de oposición, con contadas excepciones, poco reflejan el sentir de la población, tal como lo demuestra su bajísima popularidad. El gran acierto democrático del presidente Santos de someter el primer acuerdo a la voluntad del pueblo por medio del referendo, por encima de viento y marea, hizo que por un instante el país se interesara en el proceso de paz. Sin embargo, para la aprobación del nuevo acuerdo, el camino a la paz se mutó en un proceso de democracia indirecta ajeno a la población.

Para el común de la gente la ratificación por los padres de la patria le quita el sentimiento de pertenencia al nuevo acuerdo de paz. Pocos colombianos leerán el texto del acuerdo dado que no podrán expresar su opinión sobre el mismo, y si nos basamos en el precedente “Simón Gaviria” en el Congreso también es probable que pocos congresistas lo lean. Si bien en la práctica el acuerdo tendrá menos influencia en el día a día de lo que se predica, para las víctimas, representa la esperanza de recuperar su dignidad y cerrar ciclos que les permitan seguir adelante dentro del sufrimiento que les ha causado el conflicto.

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), que agrupa a más de 58.000 víctimas de todo el país ha sugerido, bajo la batuta de la senadora Sofía Gaviria, ubicar a las víctimas en el centro de la negociación. Con la esperanza de que así fuera, las víctimas entregaron al Gobierno un documento con sus propuestas, que incluyen la entrega inmediata de información sobre más de 458 civiles y 250 uniformados del listado de secuestrados por las Farc suministrado por la Cruz Roja Internacional, de los cuales no se tiene noticia. Un esfuerzo en ese sentido es absolutamente necesario si queremos mantener un mínimo de dignidad en la escena internacional.

Adicionalmente, a pesar de que los directivos de las Farc tendrán la garantía de un poderoso esquema de seguridad, se deben tomar las medidas necesarias para que los mandos medios y los guerrilleros del común tengan la protección necesaria para evitar que se repita la macabra historia de la masacre de la Unión Patriótica tras la desmovilización del M 19. Los riesgos de que la violencia histórica de las Farc entre en una espiral sin control, no son menores si los exguerrilleros terminan siendo el blanco de fuerzas oscuras, y se corre el riesgo de crear el mismo caldo de cultivo que dio a luz a la violencia que se está intentando acabar.

La defensa de los derechos humanos de las víctimas no es de guerreristas ni de oposición política y debe ser respetada en el resultado final del proceso. El hecho de que, según las víctimas, no hayan sido tenidos en cuenta en el nuevo acuerdo es desconcertante, pero aún puede ser corregido. Por una vez el país tiene la oportunidad de demostrar que el respeto de los derechos humanos no es solo de declaraciones y manifestaciones públicas de principios, sino que pueden incorporarse en las decisiones importantes del país.