María Mercedes Maldonado es una urbanista consagrada. Abogada de la Universidad Externado, cuenta con una maestría en urbanismo de la Universidad de París-Este Créteil y es candidata a doctorado en el mismo campo. Fue profesora e investigadora de la Universidad Nacional, los Andes y el Externado y asesora en temas urbanísticos de entidades públicas como las alcaldías de Medellín y Bogotá y Popayán y, las Naciones Unidas. Maldonado tiene también claras convicciones políticas en el progresismo de Gustavo Petro, a quien reemplazó como alcaldesa de Bogotá por un día. Es una opositora feroz de Enrique Peñalosa, al punto que sus convicciones como urbanista pasan frecuentemente de agache cuando se trata interponerse en su camino.
En privado, a Maldonado le encanta el diseño que la administración Peñalosa realizó para desarrollar el norte de Bogotá. Los privados que lo desarrollarán, entre los cuales se encuentran constructores, universidades, colegios, tenedores de tierra e inversionistas, fondean no solo las obras de infraestructura, sino que terminarán desatando el nudo de tráfico ampliando la Boyacá, la novena y muchas vías más hasta los límites con Chía. El desarrollo del Norte de la ciudad no solo respetará los corredores ambientales, sino que corregirá el error histórico de haber construido la autopista irrespetando los cauces naturales de agua y el humedal de Torca. Pero como en oportunidades anteriores, pudo más su militancia política que su conocimiento urbanístico.
En oposición a Peñalosa, Maldonado demandó el Plan Zonal Lagos de Torca argumentando, con un tecnicismo, que este no respeta unas determinantes ambientales del Ministerio de Medio Ambiente emitidas en el 2000. La juez del caso emitió al respecto una acción de cumplimiento que ordena corregir el Decreto del Plan Zonal, en un fallo absolutamente anti técnico en el que exige que se amplíen unas rondas ambientales alrededor de la quebrada Las Pilas, afectando solamente el 5% del área a desarrollar. Si bien el desarrollo del norte de Bogotá seguirá su curso normal a pesar de la sentencia de la juez, preocupa que la rama judicial tome decisiones politizadas como en este caso. El Plan Zonal Lagos de Torca no solo fue concertado con el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR, sino que ecológicamente hablando respeta como ningún otro desarrollo de la ciudad los cauces de agua y los humedales.
Cuando los actos de gobierno son acertados y, favorecen a todos los ciudadanos, no es de una estadista torpedearlos por rencillas de poder, y mucho menos de jueces interponerse al desarrollo de la ciudad. Fallos como este surgen del desconocimiento de la ley, o son movidos por pasiones políticas. Nuestro sistema judicial, desde hace unos años, ha sido tomado por malhechores que influencian las sentencias de los casos bandera para favorecer objetivos particulares. Como en caso de la venta de la ETB, el gobierno Peñalosa ha visto cómo sus contradictores, sobre todo petristas, han impedido que lleve adelante su política de gobierno con fallos temerarios.
Qué bueno sería que la justicia castigue a los jueces responsables de los fallos no tomados en derecho. Gran parte de la corrupción en nuestro país está basada en la impunidad que decae de la actuación de estos personajes, que afortunadamente corresponden a una minoría, entre muchísimos jueces honestos y trabajadores.