Colombia vivió una bonanza petrolera en los primeros años de esta década cuando disfrutó de precios internacionales del crudo por encima de los US$100 por barril. Esa bonanza trajo holgura fiscal, impulsó el crecimiento económico y alegró las perspectivas.

El marco fiscal de mediano plazo de 2014 pronosticaba crecimientos económicos de largo plazo cercanos a 5%. El optimismo continuó en 2015: a mediados de ese año, a pesar de que los precios del crudo ya habían caído, el Ministro de Hacienda se comprometía con un crecimiento del PIB de entre 5,5% y 6% en el año 2018, si se firmaba la paz.

El desplome de los precios resultó doloroso porque poco a poco la economía se había vuelto más dependiente del petróleo y, por tanto, más vulnerable a sus vaivenes. En su pico, la quinta parte de los ingresos del gobierno dependían de ese rubro y sus exportaciones alcanzaron a acaparar 60% de nuestras ventas externas.

Ante la caída, se abrió un boquete preocupante, tanto en las finanzas públicas como en el frente externo, que obligó a repetidas reformas tributarias y terminó dinamitando las alegres perspectivas económicas de antaño. Hoy, de ese 6% con el que soñaba el ministro para 2018 si había paz, pasamos a perspectivas que no llegan a la mitad de esa cifra.

En retrospectiva, debimos haber trabajado en unas finanzas públicas menos vulnerables al petróleo y en una estructura productiva y de exportaciones más diversificada. La lección viene a lugar, no a manera de flagelación, sino a manera de lección relevante para el futuro inmediato: tras cuatro años de vacas flacas, el precio de petróleo se ha recuperado y ya bordea los US$80 por barril.

Si bien esa cifra en dólares es significativamente menor a la que había antes de la caída, el dato expresado en pesos constantes es casi idéntico al de la bonanza añorada.

Si nos cruzamos de brazos, a la vuelta de un par de años de nuevo tendremos finanzas públicas y cuentas externas con vulnerabilidades grandes, con un agravante: para amortiguar el golpe pasado, la deuda pública se trepó y el espacio fiscal para amortiguar otro golpe es ahora mucho menor.

Si aprendimos la lección, es hora de tomar correctivos. El discurso que aboga por diversificar la economía es, en general, vacuo porque el Estado no tiene botones que decidan mágicamente la estructura sectorial de la economía.

Pero sí tiene un botón que podría desencadenar cambios en la dirección deseada: el Estado es dueño de 88,5% de Ecopetrol y podría, sin ceder la mayoría accionaria de la compañía, vender más de 38% de las acciones de la misma. La venta reduciría la vulnerabilidad fiscal futura ante los vaivenes del precio.

Ese porcentaje accionario que podría vender, a precios de hoy, equivale a cerca de $49 billones, una cifra muy importante: más de siete veces mayor a los recursos que recibió el Estado por la venta de Isagén. La experiencia de esa venta puede servir de modelo para manejar esos recursos evitando que vayan a financiar gastos recurrentes del Presupuesto General de la Nación.

Siguiendo esas lecciones, podrían ir a la Financiera de Desarrollo Nacional y a través de estas apoyar proyectos energéticos, de transporte y de infraestructura que a su vez redundarán en una mayor productividad y sembrarían semillas para una economía más diversificada.