Lo veíamos en el noticiero y no podíamos creerlo. Calles de Santiago en llamas, ciudadanos iracundos enfrentados con la fuerza pública, muertos, heridos y detenidos. La causa de ese estallido social, la subida en los pasajes del Metro, no parecía una razón suficiente para explicarlo en el país, que en la última década, ha sido elogiado por su calidad de vida y desarrollo humano, que ha recibido todos los pergaminos como modelo económico y es líder absoluto de la región en el Informe de Competitividad Global 2019 publicado por el Foro Económico Mundial.

Sorprendió igualmente ver al presidente Piñera aceptar una derrota histórica y reconocer, con humildad, grandeza y cálculo político, que el sistema que representa se equivocó, que obnubilado por los aplausos de la competitividad se desconectó del reclamo popular, que los ciudadanos le demostraron que había que rectificar y que el país tenía una deuda social histórica que debía comenzar a pagar.

Como sucedió en París con los chalecos amarillos que se tomaron la ciudad por el aumento en los combustibles, o en Hong Kong cuando se aprobó la extradición de nacionales -y que desencadenaron similares situaciones-, es evidente que el origen del problema es la desconexión del poder con el mundo real, con la sociedad, que ya no sufre hambre ni de explotación, pero que quiere una participación diferente, que no se siente representada por los políticos, que tiene conceptos diferentes sobre la equidad, la sostenibilidad, la protección ambiental, el equilibrio de las oportunidades, en la satisfacción de aspectos clave de sus vidas, personas que ven estancado su desarrollo profesional, jóvenes que no encuentran trabajo, adolescentes angustiados por el futuro.

Las protestas incluyen a aquellos que lograron salir de la pobreza y no quieren volver a ella, a los que obtuvieron beneficios y quieren certezas para conservarlos, a quienes pudieron comprar una vivienda en la periferia y requieren una movilidad digna, o caminar con su celular sin temor a que se lo roben. Como se lo señaló el economista estadounidense Jeffrey D. Sachs en un artículo reciente: le corresponde a cada sociedad tomar el pulso de su población y prestar atención a las fuentes de descontento y desconfianza social. El crecimiento económico sin equidad y sostenibilidad ambiental es una receta para el desorden, no para el bienestar.

Y los colombianos, que ya hemos visto movilizarse a los jóvenes, que vemos a los estudiantes de las universidades públicas y privadas defender principios más fundamentales de la sociedad, como el derecho a la educación, tenemos que anticiparnos y comenzar a corregir las distorsiones ocasionadas desde el sistema colonial, por el sistema de cacicazgos, de terratenientes, una historia que tenemos que corregir para anticiparnos al caos y a la indignación generalizada.

Necesitamos acciones que generen beneficios a los ciudadanos en los temas prioritarios de su vida, prestar atención a lo que reclaman los grupos sociales, los jóvenes, los ecologistas, los trabajadores, los estudiantes, las comunidades campesinas, los indígenas, escuchar qué pasa y buscar soluciones consensuadas.

Colombia vive una coyuntura propicia para comenzar a revisar sus pendientes sociales y productivos, y en ese sentido hay que valorar los pactos por la productividad, una buena oportunidad para involucrar acciones sociales, compromisos relacionados con el bienestar de los empleados, el de las comunidades y los ciudadanos en general.