Si la caída del recaudo tributario del primer semestre ha sido la mayor de este siglo, como registró este diario el pasado 17 de julio, y si para obtener los recursos faltantes el camino es financiarlo a través de otra reforma tributaria como propondría el Gobierno (reduciendo además el gasto en áreas no productivas), la pregunta es ¿a quién van a apretar para obtenerlo?

Pero antes de invocar esta pregunta, lo responsable sería responder al desafío que afronta el país en cuanto a su fragilidad fiscal, al estancamiento general, la inseguridad creciente -con extorsiones permanentes-, a la inflación alta y las elevadas tasas de interés, a la involución social y a la ilegalidad. Analizar por qué la economía pierde la confianza y los inversionistas la fe.

Debería ser un llamado a un plan de choque que priorice la austeridad del gasto en áreas no productivas y fortalecer la inversión en aquellas que jalonan el empleo y, por consiguiente, ingresos sostenibles que impactan 80% de las variables que generan el crecimiento de Colombia.

Se entiende que ante la crisis fiscal y en un contexto de desaceleración es difícil equilibrar un presupuesto adecuado, pero lo que no se entiende es que haya que apretar a los mismos de siempre, al sector empresarial formal que ya soporta los efectos de la última reforma tributaria.

El desfase entre el recaudo y el gasto desencadena retrocesos en los procesos productivos, obstruye el flujo de inversión y aumenta incertidumbre que ya tenemos. Y como si fuera poco rondan por ahí políticas restrictivas, reformas recesivas, además de la preocupante desarticulación entre lo público y lo privado.

Lo sensato sería reducir la inversión pública improductiva, fomentar con reglas claras la exploración y producción de hidrocarburos y la explotación legal y sostenible de minerales, aumentar la productividad de los sectores con ventajas competitivas, así como modernizar y dinamizar el aparato productivo.

Hay que ser conscientes de que tener un sector empresarial fuerte es beneficioso para todos -no solo para el empresario- porque es la principal fuente que provee de impuestos al Estado, paga los salarios de la mayoría de los trabajadores, garantiza la inversión y hace posible el crecimiento.

Esperemos que a los tijeretazos no le acompañen otras reformas recesivas, que haya austeridad y eficiencia en el gasto, que finalmente se logre una coordinación política coherente y un trabajo público-privado acorde con la situación. De momento corresponde al Congreso garantizar que tengamos un presupuesto responsable que considere la actual coyuntura y evite repetir el error de proyectar propuestas inviables o imposibles de cumplir

La reactivación económica es un objetivo común que debe unir a las empresas y al Gobierno. Es una gran oportunidad para recuperar la confianza, tender puentes de diálogo, procurar consensos mediante debates respetuosos que se traduzcan en acciones concretas y realizables a corto plazo, beneficiando al país. Y hay que involucrar más a las regiones, según sus prioridades, sus fortalezas y su tamaño porque todas son distintas. Lo que no se puede es inventar más gastos.

Un presupuesto acertado y realista puede ser un primer paso antes de apretar a los apretados que, por el contrario, necesitan menos ataduras y más facilitación, confianza y estímulos para contribuir al desarrollo.