La decisión de México de comenzar a escoger a sus jueces por voto popular ha suscitado diversas reacciones en todo el mundo, incluido el interés del presidente Petro en seguir el mismo camino en Colombia y, aunque sus justificaciones parecen y suenan coherentes, el riesgo de esta propuesta es evidente. Además de ser un proceso electoral costoso y complicado, las consecuencias podrían ser irreparables para la justicia. Combinar la justicia con la política, definitivamente es una combinación peligrosa.

Si bien para que esto suceda en Colombia debe surtir un complejo proceso legislativo con un congreso atomizado, el solo procedimiento es un desgaste innecesario y podría ser comparable a lo que ocurre con el sistema de salud, que antes de aprobarse una reforma el sector ya ha sufrido daños irreversibles.
Un cambio abrupto implicaría perder las ventajas de la carrera judicial y el conocimiento acumulado. Colombia, como la mayoría de las democracias, ha construido su sistema judicial con un equilibrio de poderes que garantiza confianza institucional. Romper este equilibrio inestabiliza una estructura que, aunque imperfecta, aún tiene la capacidad de impartir justicia.

En el país existen 5.295 despachos judiciales de diferentes especialidades y rangos. Entre la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Electoral suman más de 70 puestos. ¿Cuántos tarjetones se necesitarían para incluir a todos los candidatos? La experiencia mexicana nos mostrará las dificultades, los aciertos, las desventajas y la conveniencia.

Sin duda el sistema judicial colombiano puede tener mejoras para lograr mayor transparencia y rendición de cuentas, pero estos objetivos pueden alcanzarse a través de reformas que fortalezcan los mecanismos actuales de selección meritocrática sin comprometer la imparcialidad de quienes deben impartir justicia.

La falta de independencia de las instituciones judiciales es uno de los principales problemas que afrontaría la elección popular de jueces porque compromete la imparcialidad, ya que los candidatos tendrían que hacer campaña y buscar apoyo del electorado, lo que los presionaría a tomar decisiones populares en lugar de justas.

Además, el financiamiento de sus campañas los vincularía a donantes, generando expectativas que afectarían su imparcialidad y exponiendo al sistema judicial a influencias políticas y económicas. La búsqueda de popularidad podría aumentar la impunidad, la corrupción y el nepotismo, erosionando la credibilidad de las instituciones y el acceso equitativo a la justicia. Adicionalmente, podría llevar a un deterioro en la calidad de las sentencias y a un sesgo en los casos sensibles, como los relacionados con derechos humanos o derechos de minorías.

En Colombia, los problemas del sistema judicial, como la congestión de los despachos, la corrupción y el nepotismo, deben abordarse mediante reformas profundas que fortalezcan los mecanismos actuales, no mediante una medida que comprometa la independencia de los jueces. Aunque el sistema cojee, mejorarlo es más sensato que entregarlo a la incertidumbre de un proceso político.

La justicia cojea, pero llega, dice el viejo refrán, y en efecto, no cabe duda de que será más conveniente mejorarlo que dejarlo a su suerte, con más posibilidades de que se politice, quede más vulnerable y pierda la independencia que permite el equilibrio democrático.