Con frecuencia -y desde hace años- surgen propuestas de pactos para todo. Subyace entre los poderes políticos, en las organizaciones civiles y en la comunidad empresarial la necesidad de unos acuerdos mínimos que son necesarios, pero lastimosamente no pasan de ser flores de un día, diluidos por intereses particulares, la desconfianza, la polarización ideológica y el desinterés colectivo.

Es casi una utopía proponer pactos, cada vez es más difícil ponernos de acuerdo, aunque no se puede desistir. Hoy estamos ante la necesidad de concertar sobre lo básico: el desarrollo económico que queremos, en donde participen el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, empresarios, sociedad civil. Si no nos ponemos en la tarea de mirar en detalle este tema, nuestros pilares de desarrollo y el bienestar de los colombianos pueden presentar fisuras peligrosas.

El norte está trazado desde la Constitución que defiende la economía social de mercado basados en la libertad de empresa y competencia. De allí que el pacto deba tener como objetivo un crecimiento económico justo y equitativo para todos.

Podríamos comenzar con manifiestos de principios dentro de cada organización, con nuestros compromisos y sumarlos a otros, hasta lograr la concertación nacional.

Un punto inicial debería ser concertar para lograr certeza normativa. La discusión en el sector público es importante, pero también lo es la eficiencia. Que estén en fila para análisis y/o aprobación cerca de 10.000 normas (entre decretos, leyes y resoluciones desde hace varios años) es un inaudito que hay que resolver. Esto genera incertidumbre y no permite pensar en largo plazo. Hay que tener una agenda de prioridades y no discutir y reglamentar todo y al mismo tiempo nada.

Es hora de poner atención a cómo vamos a lograr un desarrollo inclusivo en Colombia. Muchos hablan de una política decidida de desarrollo industrial, pero poco se habla de qué quiere decir ello y las implicaciones para el sector público, los empresarios y la sociedad.

Es importante generar normas que estimulen la inversión y estrategias empresariales de largo plazo. La estabilidad jurídica es una variable clave y requiere de concertación sobre los beneficios, sectores y acciones que impulsen el progreso regional. No buscar matar la gallina de los huevos de oro que le ha dado al país el crecimiento que ha tenido.

No percibimos la urgencia de una concertación por el desarrollo inclusivo, de cómo nos podemos poner de acuerdo para dejar de acumular normas y pasar a las acciones, impulsar la libre empresa, trabajar por el interés común con más humildad y generosidad, encontrar el beneficio de la mayoría sobre el interés de pocos, eliminar las fallas del mercado y generar una cancha de juego equilibrada soportada en competitividad y productividad y no en aranceles inconstitucionales.

Es urgente esta concertación. No podemos pretender crear desarrollo ciudadano sin las empresas y tampoco tener empresa sin bienestar ciudadano. Por eso el llamado es a que el Congreso, con Consejo Gremial, entidades no gubernamentales, Cortes y Ejecutivo acuerden un marco de trabajo con responsabilidades específicas y de una vez podamos avanzar en los temas que el país requiere por el bien mayor que es Colombia.