Colombia experimenta una profunda transformación demográfica que refleja cambios sociales, económicos y políticos, vive complejas situaciones que deberá afrontar hacia el futuro debido a la marcada urbanización, el envejecimiento poblacional y la migración masiva y por lo cual debemos entender qué pasa y ser muy asertivos en las políticas públicas para mantener la viabilidad del país.
El Dane informa una caída de 14,6% en los nacimientos durante los primeros meses de 2024, lo que se suma a una tendencia de disminución observada desde años anteriores (de 11% entre 2022 y 2023 y 7% de 2021 a 2022).
Sin embargo, esta información no está siendo integrada de manera efectiva en la planificación nacional. En lugar de abordar este fenómeno de manera proactiva, las políticas públicas continúan enfocándose en temas inmediatos y de corto plazo, sin considerar el impacto a largo plazo de un país con menos jóvenes y una fuerza laboral cada vez más reducida.
La falta de previsión en este sentido podría llevar a que las instituciones no puedan responder a la creciente demanda de servicios sociales y económicos en el futuro cercano.
El número promedio de hijos por mujer se ha reducido a 1,9, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional, lo que inevitablemente afectará a la economía, las pensiones, y el mercado laboral. Este cambio en la estructura demográfica no solo implica un menor crecimiento económico, sino que también plantea desafíos profundos en términos de la oferta de trabajo, el crecimiento de la informalidad y la capacidad del país para sostener su sistema de seguridad social.
El envejecimiento de la población, acompañado por un aumento en la esperanza de vida a 77 años, presenta un desafío adicional. Con la caída en los nacimientos, el país no tendrá suficientes jóvenes para sostener el sistema de salud y de pensiones. A pesar de esta realidad evidente, las decisiones legislativas recientes no reflejan una comprensión del problema. En lugar de adaptar las políticas a los cambios demográficos, se ha presentado y aprobado leyes que incrementan las cargas sobre los sectores vulnerables y no ofrecen soluciones estructurales. Esta desconexión entre la realidad demográfica y las acciones políticas no solo es preocupante, sino que podría agudizar aún más la crisis
La acelerada urbanización también ha contribuido a los retos actuales. Más de 75% de los colombianos vive en áreas urbanas, pero las ciudades no cuentan con la infraestructura adecuada para soportar este crecimiento. La migración interna y externa hacia los centros urbanos ha afectado la distribución de la población, lo que genera presión sobre los servicios básicos como salud, educación y transporte. Este flujo de personas hacia las ciudades ha desbalanceado los sistemas sociales, que ahora deben atender a una población creciente sin los recursos suficientes, mientras que las regiones rurales pierden población y oportunidades de desarrollo. Esto crea una doble problemática: las urbes colapsan por falta de infraestructura adecuada, y las zonas rurales se enfrentan a un declive que agrava la pobreza y la falta de oportunidades.
Si el país no presta atención, sigue ignorándolo, y no se prepara para afrontar este cambio demográfico inminente, las consecuencias podrían ser graves y difíciles de revertir en los próximos años.